¿Autonomía universitaria o permiso para todo? El límite de los ‘capuchos’ en la protesta
Hay debates que Colombia necesita dar sin miedo, pero también sin prejuicios. Uno de ellos es el que surge cada vez que una protesta universitaria termina enfrentando el derecho a manifestarse con la seguridad, la convivencia y el funcionamiento de las instituciones.
La pregunta es válida: ¿la autonomía universitaria puede convertirse en una excusa para que algunos encapuchados hagan lo que quieran en nombre del rechazo a un Gobierno?
Mi respuesta es NO. Pero tampoco creo que la respuesta pueda ser criminalizar a todos los estudiantes que protestan o asumir que toda persona que cubre su rostro es automáticamente violenta.
La autonomía universitaria es una garantía constitucional. El artículo 69 de la Constitución permite a las universidades darse sus directivas y regirse por sus estatutos, mientras que la Ley 30 de 1992 desarrolla esa independencia académica y administrativa. La Corte Constitucional ha insistido en que esa autonomía protege el pensamiento crítico y sirve, precisamente, para evitar interferencias indebidas del poder político.
Pero autonomía no significa extraterritorialidad.
La propia Corte Constitucional acaba de reiterar que la protesta universitaria tiene una protección reforzada, pero también señaló que esa protección no cobija actos de violencia física, amenazas, daños a bienes o comportamientos que obstruyan gravemente el funcionamiento de la institución.
Ahí está, para mí, el punto de equilibrio.
Un estudiante tiene todo el derecho a cuestionar al presidente, al gobernador, al alcalde o a las directivas de su universidad. Puede marchar, gritar, protestar y expresar incluso las posiciones más radicales dentro de los límites constitucionales.
Lo que no debería aceptarse es que alguien utilice una protesta como escudo para agredir, destruir, amenazar o poner en riesgo a otros.
Tampoco considero acertado que, ante unos cuantos actos violentos, se estigmatice a toda la comunidad universitaria. La responsabilidad debe ser individual, y las autoridades deben actuar con proporcionalidad y debido proceso.
Para mí, la universidad debe seguir siendo territorio de pensamiento libre y crítica al poder. Pero precisamente porque defiendo esa libertad, considero que quienes protestan también deben defenderla rechazando la violencia.
La autonomía universitaria debe proteger la protesta, no convertirse en una patente de corso. Y la protesta debe incomodar al poder, no poner en peligro los derechos de los demás.
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