Gobernadora del Tolima exige respeto por la ley y articulación nacional ante amenazas a la institucionalidad

Durante la apertura del Encuentro Nacional de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad y la Seguridad Territorial, la Gobernadora del Tolima lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional y a los órganos de control para que actúen frente a las crecientes amenazas que enfrenta la institucionalidad en Colombia.

La mandataria expresó su preocupación por las irregularidades registradas en los comicios locales, especialmente por la alteración arbitraria de los horarios electorales en varios municipios del país. En su intervención, señaló el caso del municipio tolimense de Natagaima, donde las elecciones se cerraron a las 6:40 p.m. —y no a las 4:00 p.m., como lo establece la ley—, tras permitir que votaran personas que aún permanecían en fila.

“No podemos permitir que en Colombia se pase la ley por la faja. Aquí hay que cumplirla. La institucionalidad se respeta”, enfatizó la gobernadora, al advertir que este tipo de situaciones vulneran la transparencia y la confianza en el sistema democrático.

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Asimismo, la mandataria departamental alertó sobre la creciente presencia de grupos armados ilegales, estructuras narcoterroristas y minería ilegal que afectan la seguridad y estabilidad en las regiones. También denunció prácticas irregulares como la carnetización de la población, que ponen en riesgo la soberanía nacional y la gobernabilidad en los territorios.

En su discurso, la gobernadora insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las políticas nacionales de seguridad y las estrategias regionales, señalando que las regiones requieren apoyo real y coherente para enfrentar los desafíos en materia de orden público.

“Los gobernadores y alcaldes hemos venido solicitando una articulación efectiva entre el Gobierno Nacional y los territorios. Hoy reiteramos esa exigencia con la firmeza que demanda el país”, subrayó.

Finalmente, la líder tolimense instó a los entes de control y a las autoridades competentes a garantizar el cumplimiento estricto de la ley, el respeto por las instituciones y la defensa de la democracia. “No podemos permitir que el Estado pierda autoridad en los territorios; la seguridad y la legitimidad institucional deben ser prioridad nacional”, concluyó.