La Hipocresía del Poder: Drogas, Sexo, Alcohol y Corrupción en la Política Colombiana

La presencia de drogas, alcohol, sexo, votos y poder político en los distintos espacios del poder en Colombia es un fenómeno alarmante que muchos prefieren ignorar. Desde concejos municipales, pasando por asambleas departamentales, el congreso de la república y las administraciones locales hasta la presidencia de la república, el uso de sustancias, la manipulación de la moral y los favores oscuros son prácticas que manchan la legitimidad de nuestras instituciones. Esta situación es aún más grave cuando consideramos que los salarios de estos funcionarios salen del bolsillo de los colombianos.
La normalización de comportamientos deshonestos y corruptos en el ámbito político ha llevado a una cultura del “tape-tape”, donde los favores se intercambian bajo la mesa. ¿Acaso no hay un acuerdo tácito entre algunos políticos para cobrar esos favores en el futuro? La idea de que todo es un intercambio y que los intereses personales prevalecen sobre el bienestar colectivo es una trampa que atrapa a la ciudadanía en un ciclo interminable de corrupción y desconfianza.
Es importante señalar que, al cuestionar estas dinámicas, no estamos haciendo un ataque político ni un golpe blando como salen a decir hoy por hoy cuando se pisa algún callo. Lo que se busca es abrir un debate serio sobre la moralidad en la política y la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos. Cuando un político se sienta a la mesa de decisiones bajo el efecto del alcohol o en el contexto de favores oscuros, no solo compromete su integridad, sino que también traiciona la confianza de quienes lo eligieron.
Los comentarios puritanos no aportan nada al debate; al contrario, ocultan la cruda realidad. La corrupción es un problema sistémico que no se soluciona con discursos moralistas, sino con acciones concretas que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas. La ciudadanía debe exigir estándares más altos de conducta a sus representantes y ser proactiva en la vigilancia de su desempeño.
La solución a este problema radica en fomentar una cultura de integridad y compromiso social. La educación cívica debe ser una prioridad, así como la creación de mecanismos de denuncia que protejan a quienes se atrevan a hablar. Los colombianos merecen un gobierno que actúe en su beneficio y no en el de unos pocos. Solo así podremos romper el ciclo de complicidad y corrupción que, lamentablemente, se ha vuelto habitual en nuestra política.