Tormenta política por presuntas interceptaciones: señalamientos del presidente desatan alarma democrática

Una intensa controversia sacude el escenario político colombiano tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre supuestos informes de inteligencia que involucrarían conversaciones entre los hermanos Bautista —a quienes señaló como propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons— y el candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

Según el mandatario, dichos informes contendrían diálogos en los que se discutiría la devolución del contrato de pasaportes a cambio de beneficios electorales. Estas afirmaciones generaron preocupación inmediata en distintos sectores, al interpretarse como una posible admisión del uso de herramientas de inteligencia estatal sobre actores políticos en plena contienda electoral.

El movimiento Defensores de la Patria, que respalda la candidatura de De La Espriella, solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo abrir investigaciones urgentes para esclarecer el origen, la legalidad y las condiciones en que se habrían obtenido dichas comunicaciones.

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El propio De La Espriella rechazó los señalamientos, aseguró no conocer a los hermanos Bautista y desafió al presidente a hacer públicas las supuestas grabaciones. Su equipo de campaña advirtió que, de ser cierto, el acceso a comunicaciones privadas de un candidato constituiría un hecho de extrema gravedad para la democracia.

La polémica provocó una ola de reacciones. La también candidata Paloma Valencia expresó su solidaridad y calificó el episodio como un precedente “profundamente peligroso”. En la misma línea, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó si el Gobierno estaría utilizando inteligencia para seguir a opositores.

El exfiscal Francisco Barbosa calificó la situación como “muy grave”, sugiriendo que podría tratarse de una confesión de interceptaciones. También el exministro Luis Felipe Henao denunció un posible uso indebido del aparato estatal.

A estas voces se sumaron Katherine Miranda, Andrés Forero y Ernesto Macías, quienes coincidieron en exigir claridad sobre la existencia de interceptaciones y su legalidad.

Con el paso de las horas, el caso escala y plantea un cuestionamiento central: si existen interceptaciones, ¿cuentan con respaldo judicial o evidencian un uso indebido del poder que compromete la transparencia del proceso democrático?