Opinión

La salud en cuidado intensivo

Adriana Bermúdez

Adriana Bermúdez

Creyente en que con la verdad, todo se puede. Comunicadora social, Magíster en Administración.

La situación por la que atraviesan las EPS, resulta más caótica con el paso de los días. Según reveló el portal Pulzo, la firma Sectorial realizó un análisis con respecto al actual estado del sistema y descubrió que el déficit es de $ 16 billones y no de $ 11.4, como inicialmente se había calculado.

Recordemos que la intervención a Nueva EPS permitió esclarecer que se ocultaron facturas por unos $5.7 billones que se adeudan a IPS desde 2019, lo que indica que realmente, por cada $100 que entraron al sistema en 2023, se gastaron $ 109,5, llevando la siniestralidad de la compañía al 119 %.

En este punto, se establece que la UPC, Unidad de pago por Capitación, debió incrementarse en un 20 %, ni siquiera en un 16 % como lo solicitaron al Gobierno las Entidades Prestadoras de Salud a comienzo del año. A pesar de dicha solicitud y de exponer las razones, el Gobierno solo aprobó un incremento del 12 %. Similar sucedió con los presupuestos básicos, que sólo recibieron un incremento del 10.4 %, todo por el ya conocido efecto “chu chu chu” que buscaban crear como resultado de una “crisis explícita”, cuyo objetivo era la aprobación de la reforma a la salud.

Estos resultados hacen temer que, para septiembre de este año, el sistema esté desfinanciado en 9,9 billones y, por no haber corregido los faltantes históricos, presente un faltante total de $26,5 billones.

Es curioso que estas situaciones indebidas, que tantos inconvenientes traen no solo a los afiliados a la EPS, también a todos los miembros del sistema, sigan presentándose bajo la mirada impávida del Gobierno y de los entes de control. Tengamos presente que toda esta información pudo y debió haber sido recabada durante el empalme del Gobierno, porque en Nueva EPS es, al fin de cuentas, donde el Estado tiene puestos los intereses que son de todos los colombianos.

Y es que no cabe en la cabeza que una entidad como Nueva EPS, carezca de un ente fiscalizador interno y externo, que le permita a la ciudadanía y a sus usuarios, saber que la información suministrada es real y correcta. ¿De qué le sirve contar en el papel con un Código de Ética e Integridad, cuando en la realidad, la transparencia no hace parte de su actuar? ¿Cuáles son las sanciones que recibirán los encargados de la empresa, por haber ocultado información de tal relevancia?

Es claro que, más allá de lo que ocurra con cualquiera de la Entidades Prestadoras de Salud, lo que se debe buscar es un cambio en el proceder de éstas. No podemos seguir simplemente mirando, cómo los malos manejos que realizan algunos perjudican a la sociedad en general y no pasa nada con ellos. Lo más grave de todo es que, al ser Nueva EPS la entidad donde el Gobierno tiene intereses particulares, lo que se esperaría es que a ésta sean trasladados los colombianos que provengan de las EPS que han solicitado su retiro voluntario o de aquellas que sean cerradas.

Infortunadamente, estas acciones y resultados evidencian que esa tampoco es la Entidad Prestadora de Salud de confianza que esperan y necesitan los colombianos, por lo que debe ser reestructurada de raíz, con recurso humano que cumpla con las expectativas que a nivel de ética y valores, se esperan. Definitivamente, son los intereses particulares de algunos, los que tienen a la salud en cuidado intensivo.

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