Aprobada en Congreso la ‘matrícula cero’ para universidades públicas de Colombia
El Senado de Colombia aprobó por unanimidad en su cuarto y último debate la propuesta de que la matrícula para los programas de pregrado en instituciones públicas de educación superior en todo el país sea gratuita. Sin embargo, esta medida aún requiere el respaldo de los Ministerios de Hacienda y Educación, así como la sanción presidencial, para convertirse en ley.
Esta iniciativa beneficiará a todos los estudiantes del país sin ninguna distinción o exclusión, siempre y cuando deseen cursar una carrera en una universidad pública. El financiamiento estará a cargo del Gobierno Nacional a través del Presupuesto General.
La ponencia fue liderada por la senadora María José Pizarro, quien contó con el respaldo tanto del Ejecutivo como de los movimientos estudiantiles y profesores. Estos últimos participaron en la elaboración del proyecto después de que uno de los reclamos durante el estallido social en el país en 2020 fue la gratuidad de la educación, especialmente en el costo de la matrícula y consideran que esta medida ayudará a superar las barreras existentes en el acceso a la educación.
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¿Cómo funcionará el programa?
El dinero que cubrirá el costo de la matrícula será transferido por las entidades territoriales directamente a las universidades. Sin embargo, este recurso se recibirá de manera independiente a los presupuestos ya establecidos a nivel nacional y regional para el funcionamiento de las instituciones de educación superior.
El programa buscará reducir la deserción académica a través de la promoción de medidas y estrategias que garanticen la permanencia y finalización de los procesos formativos de los estudiantes. Además, dará prioridad a grupos poblacionales en condiciones vulnerables que hayan sido identificados a través del Sisbén IV o el Departamento Nacional de Planeación, como víctimas del conflicto armado.
Se agilizará el trámite para aquellos registrados en la Unidad para las Víctimas. También se brindará prioridad a personas pertenecientes a comunidades étnicas, indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras, así como a personas con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes egresados de escuelas rurales.
Es importante destacar que el documento no menciona que los niveles de priorización estén sujetos a los estratos socioeconómicos a los que pertenezcan los estudiantes, sin embargo, el Ministerio de Educación será el encargado de establecer los requisitos para que los estudiantes que accedan a este beneficio puedan seguir disfrutándolo en el tiempo. También se establecerán requisitos para aquellos que decidan abandonar sus procesos de formación o no completarlos.
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