Bonilla y Velasco, imputados por liderar presunto entramado de corrupción para asegurar mayorías en el Congreso

Los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) se convirtieron este miércoles en los funcionarios de más alto nivel del gobierno de Gustavo Petro en ser imputados dentro del que la Fiscalía ha calificado como uno de los mayores esquemas de corrupción de esta administración. Con su inclusión, ya son 18 los funcionarios y exfuncionarios judicializados por el supuesto direccionamiento de millonarios contratos para comprar apoyos legislativos a favor de las reformas del Ejecutivo.

Según el ente acusador, ambos exministros “lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas” mediante sobornos y manipulación de cupos indicativos en entidades como el Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). La Fiscalía asegura que el plan operó desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024, dentro de la Casa de Nariño, donde —sostiene— funcionó una “empresa criminal” paralela a la institucionalidad.

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Los testimonios recogidos afirman que Velasco y Bonilla fueron los arquitectos del esquema que habría manejado más de 612.000 millones de pesos: 74 proyectos del Invías por más de 571.000 millones y cinco de la UNGRD por más de 40.000 millones. Estos recursos, según la imputación, se usaron como moneda de cambio para garantizar mayorías en debates clave como las reformas a la salud y la pensional.

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló cómo Velasco habría ordenado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, asistir a debates legislativos y ofrecer contratos a congresistas. Testigos relataron reuniones con la senadora Martha Peralta, quien habría exigido direccionar proyectos en La Guajira para asegurar votos, entre ellos un contrato de 2.125 millones para maquinaria amarilla destinada al mantenimiento de jagüeyes.

Otro episodio clave ocurrió en el llamado “cónclave” del 27 de noviembre de 2023, donde Velasco habría explicado a altos funcionarios la mecánica de la compra de apoyos, mencionando acuerdos por más de 83.500 millones de pesos.

En el caso de Bonilla, la Fiscalía sostiene que el exministro delegó en sus asesoras María Alejandra Benavides y Andrea Ramírez la gestión de proyectos destinados a congresistas, entre ellos el senador Julio Elías Chagüi. El patrón habría incluido 71 iniciativas orientadas a manipular cupos indicativos y un mapa de distribución política en varias comisiones del Congreso. En total, 556.473 millones habrían sido direccionados para favorecer a congresistas específicos.

Ambos exministros fueron imputados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. El ente acusador solicitó casa por cárcel. Tanto Bonilla como Velasco se declararon inocentes y afirmaron que las acusaciones se basan en “falsos testimonios”.

La audiencia continuará el 18 de diciembre, cuando se definirá la medida de aseguramiento para los exfuncionarios.