Camino a la impunidad
La reforma tributaria y la reforma al código electoral propuestas por el gobierno Petro, ya fueron aprobadas en el Congreso. La reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral, no contaron con apoyo suficiente en esta legislatura, por eso, están esperando unos nuevos arreglos y el nuevo periodo legislativo para ser presentadas nuevamente. Pero las propuestas del gobierno del cambio no se quedan allí. Después del 20 de julio, cuando comience la segunda legislatura del año, el Pacto Histórico no sólo volverá a presentar las reformas no aprobadas, también aprovechará para proponer la reforma del artículo 150 de la Constitución Política, con la que busca que, delitos como el secuestro o el narcotráfico y sus derivados, todavía llamados así a pesar del presidente, se les conceda indulto.
Esta propuesta ha sido planteada y está siendo impulsada por Alirio Uribe, congresista del Pacto Histórico, porque considera que la ley tiene “obstáculos constitucionales que impiden que hayan amnistías e indultos por delitos como el secuestro o por delitos asociados al narcotráfico” y cree que “Hay que quitar ese palo en la rueda para avanzar en la paz con el ELN y con los demás grupos armados”.
Esto evidencia que, como ocurrió con el proceso de paz con las Farc, lo que se quiere es lavar todos los delitos cometidos por los cabecillas del ELN para que así, delincuentes de carrera, puedan pasar a ser estandartes de la moral, ocupando algún cargo en el Estado. Porque, seamos honestos: las verdaderas bases de la guerrilla que entregaron sus armas y se resocializaron, no han sido las reales beneficiadas de este proceso. Ellas siguen en la lucha, tratando de salir adelante, haciendo empresa en la mayoría de los casos porque no es fácil conseguir empleo; mientras los autores intelectuales de todo, los que planearon a quién, cuándo y cómo hacerle daño, están sentados en el Congreso, ganando más de 37 millones de pesos mensuales, señalando a todo aquel que no está con ellos y no secunda sus ideas. Una historia que, por el camino por el que vamos, se repetirá.
Pero la cosa no para aquí. Ahora, el presidente Petro retoma la idea planteada desde el año anterior, de crear, con recursos del Estado, el programa “Jóvenes en paz” que será conformado por cien mil personas que saldrán de bandas delincuenciales o a las que se les pagará para que no pertenezcan a ellas. Será un billón de pesos en 2024, el costo del programa que se encargará de lograr que estos jóvenes sean gestores de paz, mediadores de conflictos. Aún, el presidente Petro no nos ha contado cómo va a ser el proceso para garantizar que estos adolescentes no delincan mientras reciben ingresos del Estado para su nueva labor, cómo los van a formar para realizarla, ni cómo se va a evaluar si el joven es realmente apto para pertenecer al programa porque, si tenemos en cuenta que algunos podrán haber participado en bandas, quizás hayan cometido delitos y, lo más sensato, es que reciban sanción por ello. Tampoco sabemos cómo garantizarán que quien esté vinculado al programa no pertenezca a un grupo delincuencial o esté infiltrado, porque pagarles para que continúen haciendo lo mismo, no tiene sentido, sería como legalizar lo que en Venezuela llaman Colectivos Chavistas. Confiemos que, en nuestro caso, no se llegue a ese extremo.
Pero, todo esto, va más allá del cambio en la narrativa que ha estado realizando el gobierno. Ahora, pasamos a las acciones, a concretar lo propuesto. Ya no solo hablamos de cambiar el nombre a los delitos para que, por defecto, no haya más delitos, ahora, pasamos a la ejecución, a buscar cómo eliminarlos de nuestras leyes. ¿Será que, como lo planteaba el nazi Joseph Goebbels, jefe de campaña de Adolfo Hitler, ya hemos repetido tanto la mentira que nos la creímos? ¿Estaremos en capacidad de aceptar esa nueva realidad que, lo único que busca es llevarnos camino a la impunidad? ¿Hemos pensado a dónde nos llevará eso? Yo, creería que no… y es lo que más preocupa.
