Colombia supera las 240 masacres durante el gobierno Petro
Colombia enfrenta un panorama de violencia persistente y alarmante. Según registros recientes de Indepaz, Observadores Colombia y el Ministerio de Defensa, desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022, se han registrado más de 240 masacres con al menos 900 víctimas fatales. La última tragedia ocurrió en el departamento de Nariño, donde tres personas fueron asesinadas a tiros en el municipio de Consacá.
Los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del municipio: uno cerca de una institución educativa y los otros dos a un costado de la vía que conduce a la vereda Veracruz, en el sector conocido como Las Polleras. Todas las víctimas presentaban múltiples impactos de bala, según información preliminar.
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La diferencia entre los reportes de las fuentes oficiales y las organizaciones sociales es mínima, lo que evidencia que la violencia sistemática sigue siendo una constante, a pesar de los esfuerzos del gobierno por implementar estrategias de seguridad y procesos de paz total.
Cifras que retratan una crisis
De acuerdo con Indepaz, entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2022 se documentaron 32 masacres. En 2023, la cifra subió a 93 con al menos 300 víctimas, mientras que en 2024 se registraron 76 masacres con 267 víctimas. En lo corrido de 2025, hasta la fecha, van 42 masacres y 123 víctimas.
Por su parte, Observadores Colombia reporta cifras similares: 247 masacres en total desde 2022, con un balance de 900 personas asesinadas. Según esta organización, 2023 fue el año más crítico con 95 masacres y 310 víctimas.
Desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa maneja cifras más altas para el primer año: 93 masacres en 2022 con 340 víctimas, seguido por 100 en 2023 y 87 en 2024. Hasta junio de 2025, se contabilizan 36 masacres y 122 víctimas.
Un fenómeno que no da tregua
Pese a los matices en los datos, hay consenso en un punto: la violencia colectiva sigue cobrando vidas de manera constante, afectando principalmente a zonas rurales y regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado y el accionar de grupos ilegales.
El país enfrenta el reto de recuperar el control territorial, proteger a la población civil y romper el ciclo de impunidad que permite que estas masacres se repitan sin consecuencias claras para los responsables.
