Consejo de Estado admite primera demanda contra decreto que fijó el salario mínimo en $2 millones

Con el reinicio de labores en las altas cortes tras la vacancia judicial, el Consejo de Estado admitió para su estudio la primera demanda presentada contra el decreto mediante el cual el Gobierno nacional incrementó el salario mínimo a dos millones de pesos, expedido el pasado 29 de diciembre.

La acción judicial fue interpuesta por Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo, al considerar que el decreto vulneraría disposiciones legales y constitucionales. De acuerdo con el demandante, el aumento del salario mínimo no habría cumplido con los criterios técnicos exigidos por la normativa vigente.

Tras admitir la demanda, el Consejo de Estado notificó a las entidades demandadas y corrió traslado del proceso por un término de 30 días a los ministerios involucrados, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien de fondo sobre el asunto.

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Asimismo, el alto tribunal ordenó al Gobierno nacional remitir la totalidad de los documentos que antecedieron la expedición del decreto que fijó el salario mínimo para el año 2026, con el fin de analizar el procedimiento y los fundamentos utilizados para adoptar la decisión.

En relación con la solicitud de suspensión provisional del decreto, elevada por el demandante como medida cautelar, el Consejo de Estado indicó que esta será estudiada en una providencia separada. “En providencia separada se llevará a cabo el trámite correspondiente para decidir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional que elevó el demandante”, señaló el tribunal.

Desde su expedición, el decreto que estableció el incremento del salario mínimo ha sido objeto de críticas por parte de gremios económicos y distintos sectores del país, que han advertido que el aumento no estaría debidamente soportado en estudios técnicos sobre productividad, inflación y capacidad económica.

La admisión de esta demanda marca el inicio del control judicial sobre una de las decisiones económicas más relevantes adoptadas por el Gobierno nacional para el año 2026.