Contraloría advierte riesgos en traslado de recursos pensionales de AFP a Colpensiones
La Contraloría General de la República alertó sobre posibles riesgos en el proyecto de decreto que propone trasladar recursos pensionales desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones.
El pronunciamiento se basa en un análisis preliminar del borrador elaborado por el Ministerio del Trabajo, que busca reglamentar el traslado de dineros desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM). Esta iniciativa surge en el marco de la Ley 2381 de 2024, actualmente en revisión por la Corte Constitucional.
Según el organismo de control, existe preocupación porque los recursos de ahorro pensional, destinados al largo plazo, puedan ser utilizados para financiar gasto corriente, como el pago inmediato de mesadas. Con corte a febrero, 119.496 personas se han trasladado del RAIS al RPM, movilizando cerca de $24,7 billones. De ese total, 18.507 ya cuentan con derecho a pensión, con ahorros estimados en $5,1 billones, mientras que 100.989 afiliados aún no cumplen los requisitos y aportan alrededor de $686.642 millones anuales.
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La Contraloría advirtió que la normativa vigente establece que los recursos deben permanecer en las cuentas individuales administradas por las AFP hasta que se consolide el derecho pensional, por lo que no sería jurídicamente viable ordenar un traslado total. Además, en el caso de quienes ya tienen derecho a pensión, existen obstáculos operativos derivados del Decreto 1225 de 2024, que dispone que los recursos permanezcan en las AFP mientras no entre en funcionamiento el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Dado que este fondo aún no está operativo, tampoco existe un mecanismo institucional para recibir los recursos, lo que, en la práctica, impediría aplicar lo planteado en el borrador del decreto.
En ese contexto, la Contraloría concluyó que la implementación del proyecto resulta inviable bajo las condiciones actuales, especialmente mientras la reforma pensional sigue suspendida y bajo revisión constitucional. En caso de ser avalada, los recursos deberían dirigirse al fondo administrado por el Banco de la República, y no a Colpensiones.
Finalmente, el ente de control advirtió que este escenario podría aumentar el pasivo pensional del Estado, comprometiendo la sostenibilidad a largo plazo y trasladando cargas a futuras generaciones.
