Corte Constitucional aplaza estudio del decreto de emergencia económica hasta después de la vacancia judicial

Contrario a las especulaciones que circulaban en los últimos días, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió no iniciar de manera inmediata el estudio del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional. El alto tribunal determinó que el análisis se llevará a cabo una vez finalice la vacancia judicial, el próximo 13 de enero.

La decisión fue adoptada tras la reunión de Sala Plena convocada a las 10:00 de la mañana de este martes 23 de diciembre. En dicho encuentro, los magistrados evaluaron el marco constitucional, legal y reglamentario aplicable, así como precedentes judiciales relevantes, y concluyeron que el control del denominado decreto “madre” y de las normas que lo desarrollen debe comenzar después del receso judicial.

Según explicó la Corte, la determinación se fundamenta en las reglas que regulan la vacancia judicial como garantía del debido proceso y del adecuado funcionamiento de la administración de justicia. En ese sentido, la Sala señaló que deben respetarse las situaciones administrativas, tanto individuales como colectivas, que cobijan a los servidores judiciales durante este período.

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“Deben respetarse las que regulan las situaciones administrativas de carácter individual y colectivo a favor de los servidores judiciales y que impactan la determinación legal estatutaria vigente sobre la vacancia judicial. Lo anterior genera un efecto operativo que solo es y será restablecido conforme a la ley, una vez culmine el período de vacancia judicial”, indicó la Corte en su pronunciamiento.

El tribunal también recordó que esta decisión se ajusta a lo dispuesto en la Constitución, el reglamento interno de la Corte Constitucional y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, normas que obligan a suspender ciertas actuaciones judiciales durante la vacancia.

Como precedente, la Sala Plena citó lo ocurrido en 2009, cuando el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe expidió el decreto 4975 del 23 de diciembre para enfrentar la crisis del sistema de salud. En ese caso, el decreto fue remitido a la Corte el día hábil siguiente, el 10 de enero de 2010, y el estudio constitucional comenzó el 20 de enero, una vez finalizada la vacancia judicial. La sentencia se profirió el 16 de abril de ese año.

“La Corte Constitucional ha reiterado que el control judicial de constitucionalidad debe ejercerse respetando las reglas que definen la organización y el funcionamiento de los despachos judiciales, en garantía de derechos como el acceso a la justicia, la audiencia y el debido proceso”, concluyó el alto tribunal.