Corte Constitucional se deslinda de concepto enviado a congresista Katherine Miranda
La Corte Constitucional aclaró este martes que no avala el contenido de un documento enviado a la representante a la Cámara Katherine Miranda, en el que se expresaba una opinión sobre la figura de la consulta popular. El texto, firmado por una funcionaria de la Relatoría de la Corte y con el membrete oficial de la entidad, fue rápidamente desautorizado por el alto tribunal.
En un comunicado oficial, la Corte señaló que no tiene funciones consultivas ni está facultada para responder solicitudes de opinión o concepto sobre asuntos jurídicos fuera del marco de sus competencias. “La Corte Constitucional no ejerce funciones consultivas, no resuelve consultas ni emite opiniones de ninguna naturaleza”, recalcó el tribunal.
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La polémica surgió luego de que se conociera una respuesta escrita dirigida a la congresista Miranda, en la cual además de citar jurisprudencia se incluía una interpretación personal sobre la procedencia de una consulta popular, lo que generó confusión respecto a la postura oficial del alto tribunal.
Una actuación por fuera del reglamento
El pronunciamiento de la Corte dejó claro que la funcionaria judicial actuó por fuera de sus atribuciones: “La respuesta emitida por una servidora judicial de la Relatoría en la cual expresó una opinión sobre providencias constituyó una extralimitación de funciones que no compromete la posición oficial de la Corporación”, se lee en el comunicado.
Además, el tribunal informó que revisará sus procedimientos internos y que el caso será puesto en conocimiento de las autoridades disciplinarias competentes para que se determinen eventuales responsabilidades.
Sin efectos jurídicos
La Corte enfatizó que todas sus decisiones válidas se emiten exclusivamente a través de autos y sentencias, ya sea en la Sala Plena o en las Salas de Revisión, y que cualquier otro tipo de comunicación no tiene efectos jurídicos vinculantes ni refleja una posición institucional.
Este episodio reabre el debate sobre el uso indebido de documentos oficiales y las implicaciones que pueden tener interpretaciones individuales cuando provienen de entidades judiciales. Por ahora, la Corte Constitucional busca evitar confusiones y reafirmar su rol estrictamente jurisdiccional en el orden institucional del país.
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