Corte Constitucional suspende la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro

La Sala Plena rompió su precedente y frenó provisionalmente el decreto, al advertir posibles violaciones a la Constitución y fallas formales.

Con seis votos a favor y dos en contra, la Corte Constitucional decidió suspender de manera provisional los efectos del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, tras el hundimiento de la reforma tributaria y el déficit fiscal. Los magistrados que votaron en contra fueron Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, ambos nominados por el presidente.

La decisión responde a varias demandas presentadas por sectores de oposición y gremios empresariales. La Corte rompió un precedente vigente desde 1994, según el cual la suspensión provisional no procedía frente a decretos dictados bajo estados de excepción.

La Sala Plena consideró que existían indicios de una “ostensible violación de la Constitución” y que no había otro mecanismo para evitar efectos irreversibles mientras se toma una decisión de fondo. El tribunal también advirtió incumplimientos formales, como la falta de firma de tres ministros y una motivación insuficiente del decreto.

Según la Corte, varias de las causas invocadas por el Gobierno, entre ellas la falta de liquidez tras el rechazo de la reforma tributaria, no eran sobrevinientes ni extraordinarias. Además, cuestionó que se intentara implementar por vía de emergencia medidas que no superaron el debate en el Congreso, lo que podría vulnerar el principio de separación de poderes.

El tribunal también señaló que el Ejecutivo no explicó por qué no podía acudir a los mecanismos ordinarios para enfrentar la situación fiscal.

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Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la decisión y afirmó que la emergencia era necesaria para garantizar el pago de la deuda externa. Aseguró que, con la suspensión, la Corte estaría protegiendo a los sectores más ricos.

La determinación también impacta la tesis de un supuesto “bloque petrista” dentro de la Corte Constitucional, una idea promovida por sectores políticos que sostienen que varios magistrados actúan en favor del Gobierno.