Corte Suprema acusa a congresistas por caso UNGRD y ordena cárcel para dos de ellos
Un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que sacude al país y salpica al Gobierno Petro se conoció este miércoles, luego de que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acusara formalmente por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y a un exparlamentario por el caso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En su decisión, el alto tribunal ordenó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Alberto Manzur y Karen Manrique, quienes fueron reelegidos el pasado 8 de marzo. Horas después de conocerse la decisión judicial, Manrique se entregó en las instalaciones de la Sijín de la Policía en Tame, Arauca.
La investigación se remonta al segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, en su condición de integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para facilitar el trámite de operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
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Según las pesquisas, la contraprestación para los congresistas sería impulsar contratos y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
La Sala también se pronunció sobre el proceso contra los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes continuarán vinculados al proceso pero en libertad.
Para la Corte, existen indicios de que los implicados pudieron incurrir en cohecho impropio, delito que se configura cuando un servidor público acepta dinero, beneficios o promesas relacionadas con asuntos bajo su conocimiento.
Las pruebas clave surgieron tras declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien mencionó a Manrique y Manzur durante un interrogatorio ante la Fiscalía en junio de 2024. Según su testimonio, ambos habrían participado en reuniones donde se definieron contratos por cerca de 92.000 millones de pesos destinados a proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar.
El proceso también involucra al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y a la asesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, en medio de un escándalo de corrupción que ha generado fuertes cuestionamientos al Gobierno Petro.
La Corte notificará al Congreso para suspender a los investigados de sus funciones mientras avanza el proceso judicial, en un caso que sigue ampliando la lista de implicados y profundiza la crisis política derivada de este escándalo.
