¿Cuáles son los impuestos que quedan suspendidos por la Corte Constitucional?

La Corte Constitucional decidió suspender de manera provisional los decretos 1390 y 1474 de diciembre de 2025, con los cuales el Gobierno nacional había declarado el Estado de Emergencia Económica y Social y puesto en marcha una batería de impuestos extraordinarios. La decisión, adoptada por la Sala Plena con seis votos a favor y dos en contra, se tomó como medida cautelar para evitar posibles daños irreversibles mientras se estudia la constitucionalidad de las normas.

La suspensión tiene un impacto directo en los bolsillos de los colombianos, ya que congela aumentos y nuevos gravámenes que habrían encarecido el costo de vida. Entre las medidas suspendidas se encuentran los incrementos del IVA y del impuesto al consumo en licores, vinos y similares, que no subirán al 19 % y se mantendrán en el 5 %. También queda en pausa el IVA a los juegos por internet, así como el impuesto a paquetes y envíos desde el exterior, que continúan exentos hasta los USD 200.

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En materia patrimonial, no se cobrará el impuesto al patrimonio a quienes tengan patrimonios líquidos iguales o superiores a 40.000 UVT, es decir, más de dos mil millones de pesos, ni se aplicarán las tarifas progresivas que iban del 0,5 % al 5 %. Para el sector financiero, bancos y aseguradoras dejan de pagar la sobretasa del 50 % y el anticipo del 100 % con base en el año anterior, evitando costos que, según analistas, podían trasladarse a los usuarios mediante mayores tarifas y servicios financieros más costosos.

Asimismo, quedan suspendidos los impuestos a bienes de lujo como vehículos de alto valor, yates y aeronaves; los gravámenes al tabaco, cigarrillos y vapeadores; y el impuesto especial a hidrocarburos y carbón, que contemplaba un cobro del 1 % sobre la primera venta o exportación. Estas medidas habrían impactado tanto a consumidores como a sectores productivos, con posibles efectos en precios y empleo.

También se detiene la normalización tributaria sobre activos omitidos o pasivos inexistentes, que establecía un cobro del 19 %, y no aplican los incentivos transitorios de reducción de sanciones por pagos anticipados antes del 31 de marzo de 2026.

El Gobierno había proyectado recaudar cerca de 16 billones de pesos con estos impuestos para financiar proyectos sociales y cumplir compromisos como el pago de la deuda externa, que a octubre de 2025 superó los 239.000 millones de dólares. La decisión fue celebrada por gremios empresariales y mandatarios regionales, quienes advirtieron que los gravámenes afectarían el consumo, la inversión y los servicios públicos.

En contraste, el presidente Gustavo Petro criticó la suspensión y alertó sobre riesgos fiscales, mientras que sectores de oposición la respaldaron por considerar que limita la creación de impuestos sin aprobación del Congreso. La medida se mantendrá hasta que la Corte emita un fallo definitivo, generando incertidumbre fiscal, pero ofreciendo un respiro tributario temporal para ciudadanos y empresas.