El auge de la carne argentina genera alertas por posibles retrocesos ambientales
La entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, prevista para mayo de 2026, pone a prueba la capacidad de Argentina para aumentar sus exportaciones de carne sin afectar la protección ambiental.
Mientras la Unión Europea mantiene exigencias estrictas dentro de su Pacto Verde, mercados como China y Estados Unidos aplican normas más flexibles. Esta diferencia permite ampliar las exportaciones sin garantizar los mismos estándares ambientales, lo que genera preocupación entre expertos.
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Argentina vive un periodo de fuerte crecimiento en la producción ganadera. Las exportaciones alcanzan cifras históricas, pero este avance ya impacta zonas sensibles como el Gran Chaco, la segunda masa forestal más grande de Sudamérica. Datos de Global Forest Watch relacionan la expansión agropecuaria y el cultivo de soja con procesos de deforestación y pérdida de biodiversidad.
A esto se suman alertas sobre bienestar animal. La organización Sinergia Animal advierte que el acuerdo comercial podría debilitar las protecciones existentes. Investigaciones en mercados de subasta de Argentina y Chile evidencian prácticas de maltrato, lo que refleja una falta de controles equivalentes frente al crecimiento del sector.
Romina Viscarret, directora de la organización en Argentina, señaló que el comercio internacional no puede avanzar sin considerar sus efectos sobre los ecosistemas, los recursos naturales y el bienestar animal. También insistió en que un modelo sostenible debe fortalecer, y no reducir, los estándares actuales.
El problema no se limita a la carne vacuna. En 2025, Argentina se convirtió en el mayor consumidor de huevos del mundo, con 398 unidades por persona al año. Para sostener esa demanda, más de 62 millones de gallinas permanecen en jaulas, un sistema prohibido en la Unión Europea desde 2012.
Este panorama plantea un desafío clave: lograr que el crecimiento del sector agropecuario no impliquen retrocesos en materia ambiental ni en bienestar animal. El reto consiste en que los acuerdos internacionales impulsen mejores prácticas y no una reducción de las exigencias.
