El costo de la (in)formalidad
Al problema del desempleo que, de tiempo atrás, viene padeciendo la ciudad de Ibagué, ahora debemos sumar el problema de la tasa de informalidad, la cual, para el periodo marzo – mayo del presente año, se ubicó en el 54,5%, muy alto, incluso, el promedio nacional lo es, estamos hablando del 47,4%, de ahí calculen lo alarmante de la cifra que tiene Ibagué.
Esto no es un problema menor, pues, por citar un ejemplo, afecta la productividad e impacta el desarrollo, altera los recaudos tributarios, la generación de empleos dignos y por supuesto, la calidad de vida de las personas. Por esa sola razón, no puede el Alcalde de Ibagué alegrarse de la disminución de cifras de desempleo, porque es a costa de otro fenómeno que igualmente impacta negativamente el progreso económico y social de la ciudad y que tiene una variada complejidad, desde el educativo y formativo, hasta el impositivo y de acceso a recursos, pasando por la vocación económica de ciudad y su infraestructura, entre otros aspectos.
La informalidad arrastra innumerables actividades, principalmente comercio al menor y servicios, que incluso, muchos “formales” en paralelo, desarrollan la misma actividad en la informalidad. El tratamiento de este fenómeno en expansión en el país, requiere una combinación de políticas locales y nacionales que enruten esa fuerza empresarial y le den garantías al empresario que, una vez enganchado en la formalidad, no quedará preso ni de la abultada carga impositiva, ni de la tramitomania que cargan quienes están formalizados.
Hasta ahora las acciones intentadas han sido un fracaso y lo paradójico es que se direccionan a alimentar y acrecentar el fenómeno, por ejemplo, la reforma tributaria en ciernes, que, según lo anunciado por el Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, busca, entre otras cosas, aumentar al 35% el impuesto de renta a las pequeñas y medianas empresas. El Congreso debe revisar este punto con detenimiento, pues las pymes regresarán, con ese 35% de renta, a pagar una de las más altas de América Latina, convirtiéndose en un caldo de cultivo para la informalidad.
Por otro lado, si de reducir la informalidad se trata, algo que debería tomarse muy en serio el Gobierno Nacional es la inscripción y el registro societario, que en pleno siglo XXI y en auge de las economías colaborativas, fácilmente podría hacerse a través de plataformas digitales ¡y por una única vez! Sin renovaciones periódicas, a menos que existan cambios societarios que hagan necesario algún registro adicional, pues a la final termina siendo una carga impositiva más, de la cual se cuelgan otros impuestos de índole nacional y departamental, haciendo onerosa la renovación para el empresario o el emprendedor y, el resultado es que, a la final aleja al informal de la formalidad.
El Municipio de Ibagué debe, responsablemente, diseñar a largo aliento la vocación económica de la ciudad –es el principio de las cosas, saber hacia dónde voy- y dirigir sus acciones, incluido el esfuerzo presupuestal, al cumplimiento de esa misión, sin olvidar que debe asumir con franqueza y seriedad una política de cero tolerancia a la corrupción. Podemos concluir que se requieren políticas más inclusivas y agresivas, que se implementen con facilidad, si queremos superar el fenómeno de informalidad en el país y en nuestra ciudad.
