El fallo contra Uribe: espejo del juego del poder y la legitimidad judicial
El pasado lunes 28 de julio, buena parte del país escuchó a la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda leer el fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Sus palabras iniciales —“La justicia no se arrodilla ante el poder”— generaron reacciones encontradas: para algunos, reafirmaban la independencia judicial; para otros, evidenciaban un sesgo inaceptable.
Quienes cuestionan la imparcialidad del fallo han llegado a insinuar que fue redactado con participación de la Fiscalía. Pero no es la primera vez que escuchamos este tipo de acusaciones. Durante el gobierno de Iván Duque, el fiscal Gabriel Jaimes pidió la preclusión del caso, y entonces fue la oposición quien denunció injerencia del Ejecutivo en favor de Uribe. Se trata del mismo libreto, con los papeles invertidos.
La solicitud de preclusión fue rechazada, y hoy el caso llega a una nueva etapa: la defensa del expresidente aún puede apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá y, eventualmente, recurrir a la Corte Suprema en casación.
En este contexto, lo esencial es defender el principio de institucionalidad. Sabemos que nuestras instituciones no son perfectas, pero también que su fortaleza es el pilar de cualquier democracia. No seamos funcionales a quienes buscan debilitarlas para preservar privilegios. No dejemos que el debate se reduzca a una lucha de poder. Enfoquémoslo, en cambio, hacia el país que queremos construir: uno donde el bienestar común pese más que los intereses particulares.
