ELN secuestró de 18 militares en zona rural de Carmen de Atrato

Este 21 de diciembre, 18 militares del Ejército Nacional fueron secuestrados mientras cumplían una misión contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. Según información oficial, los uniformados habrían sido retenidos por más de 200 personas pertenecientes a comunidades del Pacífico, presuntamente bajo constreñimiento de actores armados ilegales.

De acuerdo con el Ejército Nacional, los soldados fueron rodeados, interceptados y trasladados de manera arbitraria hacia un resguardo indígena, lo que les impidió continuar con el desarrollo de su misión constitucional de proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil.

El Comando de la Décima Quinta Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército, expresó su profunda preocupación por lo ocurrido. En un comunicado, la institución señaló que “en desarrollo de operaciones militares adelantadas contra el Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena”.

El Ejército rechazó de manera categórica estos hechos y advirtió que cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública es inaceptable. Asimismo, enfatizó que toda conducta que obstaculice o impida el desarrollo de operaciones militares legítimas del Estado constituye una grave afectación al orden institucional.

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Ante la situación, la institución hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, a los organismos de derechos humanos y a los líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los militares retenidos y se permita su pronta y segura liberación. El Ejército insistió en la necesidad de privilegiar el diálogo y el respeto por la institucionalidad como vía para resolver el incidente.

Finalmente, la Fuerza Pública advirtió sobre las consecuencias legales que podrían derivarse de este tipo de acciones, recordando que la privación de la libertad o cualquier agresión contra integrantes del Ejército son conductas reguladas por la ley y pueden acarrear responsabilidades penales, además de involucrar indebidamente a la población civil.