Escándalo por presuntas comisiones ilegales sacude a la Agencia Nacional de Tierras
La candidata Paloma Valencia denunció la existencia de un presunto esquema de cobro de comisiones ilegales al interior de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mediante el cual se habría exigido hasta un 10 % del valor de los predios a propietarios interesados en que la entidad adquiriera sus tierras. La acusación apunta a un mecanismo que, según la dirigente política, habría operado durante meses como un “secreto a voces” dentro de la entidad.
De acuerdo con la denuncia, el señalamiento estaría sustentado en contratos de mandato autenticados que vinculan a una contratista de la ANT con el propietario de tres predios que finalmente fueron comprados por la entidad. En dichos documentos se habría pactado el pago de una comisión del 10 % a cambio de la “gestión” necesaria para que la ANT concretara la adquisición de los terrenos.
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La contratista en cuestión firmó un contrato de prestación de servicios con la Agencia Nacional de Tierras el 25 de junio de 2024, con una remuneración total de 74,9 millones de pesos y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. Su labor consistía en brindar apoyo jurídico a la Secretaría General de la entidad. Posteriormente, el 11 de noviembre de 2024, la contratista y el dueño de los predios habrían suscrito tres contratos de mandato, uno por cada lote, los cuales fueron autenticados en las notarías quinta y 25 de Bogotá.
Según los documentos conocidos, estos contratos no tendrían fecha de terminación y condicionaban el pago de la comisión a que la ANT efectuara efectivamente la compra, lo cual terminó ocurriendo. La comisión pactada ascendería a 422 millones de pesos, cifra que genera serios cuestionamientos sobre si la contratista actuó de manera individual o si habría servido como intermediaria para canalizar recursos hacia directivos de la entidad.
La denuncia también plantea interrogantes sobre si el pago de esta comisión habría sido una exigencia para viabilizar la compra de los predios y cuál fue el destino final del dinero. Ante la gravedad de los hechos, Paloma Valencia hizo un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación para que adelanten una investigación a fondo.
De confirmarse, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción relacionados con la política de compra de tierras del actual Gobierno.
