Fajardo: ¿Decente o Cómplice?
Cuando el 18 de mayo de 2023, el exsenador y exgobernador del Tolima, Oscar Barreto, increpó al candidato, Sergio Fajardo, por su forma de hacer política calificándose a sí mismo como “decente” y señalando a los demás como “corruptos”, para, como lo dijo el político ibaguereño, “buscar réditos electorales”, el oportuno avistador de ballenas no dudo en responderle negando que su secretario de gobierno y asesor de paz, Gustavo Villegas, cuya imagen acompañaba la publicación, tuviera algún vínculo con la Oficina de Envigado y que, durante su periodo como alcalde de Medellín, lo hubiera dejado 7 veces encargado.
Pero como primero cae un mentiroso que un cojo, sólo bastó revisar los anales de la Fiscalía General de la Nación, para encontrar que el 4 de julio de 2017, Villegas efectivamente había sido arrestado por concierto para delinquir agravado, delito que aceptó, llegando a un preacuerdo con esta entidad que le permitió pagar una condena de tan sólo 33 meses de prisión y 81 meses de inhabilidad.
Por fuera de esta condena quedaron delitos como el cometido durante sus años como director de la Oficina de Paz y Reconciliación creada durante la administración de Sergio Fajardo (2004 – 2008) para manejar todo lo concerniente a la reincorporación a la sociedad de los excombatientes de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Villegas suscribió contratos con la empresa Control Total S.A que ascendieron a los 1.285 millones de pesos, los que seguramente fueron de conocimiento de Fajardo ya que requirieron de su firma para poder acceder a los recursos con los que fueron pagados por el Fondo de Programas Especiales para la Paz.
Al mejor estilo de la criticada Paz Total del presidente Petro, con estos contratos se ofrecieron servicios de seguridad privada en modalidad de escoltas y vehículos a los exjefes paramilitares desmovilizados.
El mayor accionista de esta empresa de vigilancia, Control Total S.A., era Juan Felipe Sierra Fernández, quien se entregó a las autoridades el 7 de septiembre de 2011 siendo condenado a 60 meses de prisión cuando la justicia demostró que tenía nexos con varios paramilitares incluidos “don Mario”, “Danielito” y “don Berna”, de la llamada ‘Oficina de Envigado’.
Las políticas de seguridad implementadas por Villegas durante la administración de Fajardo, quien efectivamente lo delegó como alcalde en 7 ocasiones entre 2006 y 2007, fueron severamente criticadas por Amnistía Internacional en su informe, Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?, publicada en septiembre de 2005.
En dicha publicación increparon al entonces alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, quien se ufanaba por la reducción de homicidios en un 40%, evidenciando que no se debía a sus buenos oficios sino a que los paramilitares se hicieron con el control de muchas zonas de la ciudad a cambio de evitar los homicidios con armas de fuego reemplazándolos por armas blancas o mejor, desapariciones que, para la época, no contaban con registros oficiales.
En su informe de 2004 sobre los derechos humanos, el Personero Municipal de la época confirmó lo expresado por Amnistía Internacional en su informe, diciendo que dicha disminución de homicidios con armas de fuego había sido reemplazada por asesinatos con armas blancas, lo que, según sus propias palabras era, “una modalidad para encubrir la responsabilidad de actores armados que ejercen control social en los barrios que se han comprometido a hacer aportes de reducción del número de homicidios en la ciudad”.
Sin embargo, disfrazar los asesinatos no era suficiente. Era necesario desaparecer los cuerpos e invisibilizar a las víctimas. Desde el 2004 las misioneras del Convento de la Madre Laura empezaron a prestar atención sicosocial a familias de desaparecidos que padecían el terror impuesto por estos grupos armados.
Fue entonces cuando se empezó a hablar de La Escombrera como un sitio de inhumación de víctimas de grupos paramilitares. Y a pesar de las denuncias que hacía la comunidad, las autoridades locales no atendieron las alertas y, por el contrario, permitieron que el lugar continuara funcionando como un gran depósito de escombros.
A las monjas se sumaron varias organizaciones sociales de la ciudad que decidieron realizar acciones de búsqueda y acompañamiento a los familiares de las víctimas, pues los atropellos y desapariciones seguían aumentando sin que la Alcaldía de Medellín, por aquellos años en cabeza de Sergio Fajardo Valderrama, ni las autoridades policiales y militares, hicieran algo para detenerlos.
20 años después quien fue testigo mudo de la operación descarada de los grupos paramilitares en Medellín aspira a la presidencia de Colombia como si nada de esto hubiera pasado. El desconocimiento de esta historia hace que sus posibilidades de llegar a la Casa de Nariño asciendan alrededor del 10% evitando que otros candidatos que sí representan la opción de centro sean invisibilizados por su apariencia de “hombre correcto” manteniéndonos en un espiral de impunidad que alimenta la violencia de la que ya estamos cansados todos los colombianos.
