Fiscalía acusa a Carlos Ramón González por millonario entramado de corrupción
Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.
De acuerdo con el ente acusador, entre septiembre y octubre de 2023 González Merchán habría impartido instrucciones al entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez, para entregar millonarias coimas a los presidentes del Congreso de la época: Iván Leonidas Name Vásquez, del Senado, y Andrés David Calle Aguas, de la Cámara de Representantes. Los pagos se habrían realizado con recursos provenientes de la contratación de la Ungrd.
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Los elementos materiales probatorios indican que se ordenó la entrega de 3.000 millones de pesos al senador Name Vásquez, a través de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova. En paralelo, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, habría trasladado 1.000 millones de pesos hasta Montería, Córdoba, con destino al representante Calle Aguas.
Según la Fiscalía, los recursos comprometidos provenían de un contrato destinado al suministro de 40 carrotanques para transportar agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira, un proyecto que hacía parte de la respuesta estatal a la crisis humanitaria en esa región y que hoy es símbolo de uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno.
La acusación golpea directamente al entorno político del presidente Gustavo Petro, dado que Carlos Ramón González no solo ocupó un cargo clave en la Casa de Nariño, sino que ha sido considerado un aliado cercano y hombre de confianza del mandatario. Actualmente, González Merchán se encuentra prófugo de la justicia, lo que ha intensificado las críticas sobre la magnitud del caso y la responsabilidad política del Gobierno.
Este proceso judicial vuelve a poner en el centro del debate nacional los graves hechos de corrupción que, según la Fiscalía, desviaron recursos destinados a poblaciones vulnerables, y marca uno de los episodios más delicados para la administración Petro en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
