Fiscalía presentará principio de oportunidad con exasesora del Ministerio de Hacienda
El próximo 22 de julio, la Fiscalía General de la Nación presentará ante un juez el principio de oportunidad acordado con María Alejandra Benavides Soto, exasesora técnica del viceministerio general del Ministerio de Hacienda, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Benavides, imputada por el delito de tráfico de influencias, se comprometió a declarar en contra del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y de 28 congresistas, en un caso que ha estremecido al país por el presunto direccionamiento indebido de millonarios contratos.
Según reveló la revista Semana, entre los implicados se encuentran representantes como Juan Loreto Gómez, Katherine Miranda, Olga Lucía Velásquez, Wilmer Carrillo, Wadith Manzur, y otros miembros de la Cámara; así como los senadores Juan Diego Echavarría, Efraín Cepeda, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, entre otros.
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De acuerdo con la Fiscalía, Benavides habría intervenido en el direccionamiento de tres contratos por más de 92.000 millones de pesos asignados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Estos contratos habrían sido utilizados como mecanismo de presión para influir en congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), con el fin de obtener votos favorables a solicitudes de crédito presentadas por el Ejecutivo.
Los legisladores señalados por la Fiscalía, entre ellos Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, habrían promovido conceptos positivos en la CICP a cambio de dichos contratos gestionados a través de la UNGRD, con el respaldo técnico de Benavides.
Benavides Soto ocupó su cargo hasta marzo de 2024, cuando salió del Ministerio tras conocerse presuntas irregularidades en la asignación de recursos a proyectos de riesgo. Su colaboración, según el ente investigador, será clave para esclarecer el alcance de una presunta red de tráfico de influencias, desvío de recursos públicos y favorecimientos políticos.
Esta línea investigativa se suma a otros procesos en curso por corrupción en la UNGRD, y representa un avance significativo para identificar a los responsables de uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años en Colombia.
