Fuerza Cali
Después del atentado a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, el pasado jueves 21 de agosto, que dejó seis personas muertas, 78 heridas y una zozobra latente en la ciudad, llega la revelación de Revista Semana en su edición del domingo, que informa que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro y el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, se encuentran amenazados por las disidencias de la Jaime Martínez de las FARC.
Estas amenazas nos dejan a los caleños considerablemente preocupados por la integridad de nuestros gobernantes. Para nadie es un secreto que el apoyo actual del Gobierno Nacional para ciertas cosas es bastante deficiente y, si somos honestos, la historia nos cuenta que los bandidos han sido capaces de atacar el complejo de la Policía Metropolitana, que es una de las zonas más custodiadas en la ciudad. Incluso, en la historia reciente, las mismas disidencias de la Jaime Martínez han detonado elementos en los alrededores de la Tercera Brigada, en inmediaciones de algunos CAI y en la Emavi, demostrando que no tienen la intención de dejarse vencer fácilmente por la autoridad.
Y es que la situación de Cali y el Valle, infortunadamente para el país, no es exclusiva. Recordemos que el mismo jueves, cuando estalló la bomba en Cali, también derribaron un helicóptero en Amalfi, Antioquia, acabando con la vida de 12 héroes de la patria; pusieron una bomba en Florencia, Caquetá. Además, los hostigamientos en Arauca y las situaciones de orden público en el Guaviare y en el Chocó, han estado a flor de piel.
Es hora de que el Gobierno Nacional se ponga en labores de proteger la vida y la integridad de todos los colombianos, principalmente de los mandatarios que se encuentran bajo amenaza, porque no debemos esperar a que otra tragedia invada nuestro país. Es responsabilidad del Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional de Protección, brindar las garantías para que la democracia en nuestro país prevalezca y, quienes ejercen su liderazgo, puedan hacerlo con plena tranquilidad, al sentirse respaldados.
Confiemos en que, desde la Presidencia, se evidencie la necesidad de proteger la vida y la integridad de todos nuestros gobernantes, porque no necesitamos volver a los tristes momentos que vivimos en los 90, cuando salir de casa y llegar al destino, casi que era considerado un acto de heroísmo e incluía reporte telefónico a la familia, para confirmar que se había llegado al destino ‘en perfectas condiciones’.
Hora de, entre todos, recordarle al presidente y sus aliados que, dentro de sus labores y responsabilidades, está la integridad de aquellos que, con voto popular, han sido designados por los ciudadanos para regir los designios de un departamento o ciudad. No es posible seguir sentados esperando y viendo cómo, los ilegales, ponen las condiciones y nos dicen qué podemos o no hacer, en nuestro país.
