Gobierno decreta emergencia económica por 30 días y anuncia nuevos impuestos

El Gobierno nacional decretó la emergencia económica por un periodo de 30 días y anunció que, en el marco de esta medida, expedirá nuevos decretos con los que impondrá impuestos adicionales para financiar cerca de $16 billones de pesos. La decisión deberá pasar por la revisión de la Corte Constitucional.

En el decreto, el Ejecutivo argumenta que el país enfrenta “una situación grave e inminente” que le impide garantizar de manera continua y suficiente el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales. Según el Gobierno, esta situación obedece a una crisis fiscal que adquirió carácter extraordinario por la concurrencia de varios hechos económicos sobrevinientes.

Entre las razones expuestas para declarar la emergencia, el Gobierno enumeró ocho factores principales. El primero es la obligatoriedad de cumplir un auto de la Corte Constitucional relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud. A esto se suma la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana ante recientes alteraciones del orden público y el aumento del riesgo por atentados contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos de cara a las próximas elecciones.

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También se mencionó la no aprobación, por parte del Congreso, de dos proyectos de ley de financiamiento para las vigencias fiscales de 2025, por $12 billones, y 2026, por $16,3 billones. Otro factor clave son los desastres naturales derivados de la actual ola invernal, declarados mediante el Decreto 1372 de 2024 por emergencia de desastre nacional asociada al cambio climático.

El Gobierno incluyó además las sentencias judiciales ejecutoriadas pendientes de pago, las obligaciones atrasadas de origen legal y contractual adquiridas antes del actual mandato, el agotamiento de las alternativas de endeudamiento dentro de la Regla Fiscal y las restricciones de caja de la Tesorería General de la Nación.

Tras la declaratoria, el Ejecutivo expedirá decretos para crear nuevos impuestos, entre ellos gravámenes al patrimonio, a las bebidas alcohólicas, a los juegos de suerte y azar en línea y un impuesto del 5×1000 a las transferencias.

Sin embargo, expertos han puesto en duda la viabilidad constitucional de la medida. El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo afirmó que la decisión podría ser declarada inconstitucional al no cumplirse el requisito de un hecho verdaderamente sobreviniente. Una postura similar expresó Juan Pablo Herrera, decano de Economía de la Universidad Externado, quien señaló que la situación fiscal actual venía siendo advertida desde hace meses, lo que podría llevar a la Corte a negar la emergencia.