Gobierno prepara borrador de emergencia económica para recaudar $16 billones tras caída de la tributaria

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno avanza en la elaboración de un borrador para declarar la emergencia económica, con el objetivo de recaudar cerca de $16 billones y cubrir el vacío fiscal dejado por el rechazo del Congreso a la reforma tributaria, en un contexto marcado además por la cercanía de las elecciones.

Según explicó Ávila, la negativa del Legislativo generó un desbalance de gran magnitud que obliga al Ejecutivo a evaluar mecanismos extraordinarios para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la ejecución de los programas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. “Estamos finalizando la estructuración de una medida de emergencia económica que nos permita obtener recursos a los que no ha sido posible acceder por otras vías”, señaló el ministro, quien calificó como inédita la situación de que el Congreso aprobara un presupuesto y luego rechazara la ley que lo financiaba.

La meta de recaudo asociada a la emergencia sería de aproximadamente $16 billones, recursos destinados a cubrir el déficit fiscal y asegurar la financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026. “Esperamos la recuperación de los recursos que el Congreso desfinanció del Presupuesto Nacional, que ya está desfinanciado en $16,3 billones”, afirmó Ávila.

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Aunque el decreto aún no ha sido publicado, se conoció un documento preliminar con posibles medidas tributarias. Entre ellas figuran el aumento del gravamen a los movimientos financieros de 4×1.000 a 5×1.000; nuevos impuestos al consumo de licores y cigarrillos; la ampliación del impuesto al patrimonio para personas naturales y empresas con patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT a partir del 1 de enero de 2026; y la aplicación permanente del IVA del 19% a los juegos de azar por internet.

También se plantea un impuesto especial del 1% a la extracción, primera venta y exportación de petróleo crudo y carbón, así como ajustes al impuesto al consumo de licores y productos de tabaco, incluidos vapeadores.

La iniciativa ha generado fuertes reparos. Gremios como la Andi y analistas económicos advirtieron que no existiría un hecho sobreviniente que justifique constitucionalmente la emergencia. Voces como la de Luis Fernando Mejía, José Manuel Restrepo y María Claudia Lacouture coincidieron en que el problema fiscal es estructural y previsible, y debe resolverse con herramientas ordinarias. En ese escenario, no se descarta que la Corte Constitucional pueda tumbar una eventual declaratoria de emergencia económica.