Gobierno presentó decretó que regulará la posesión y cultivo de drogas con fines médicos
El Gobierno Nacional presentó un marco regulatorio que busca autorizar la posesión, licencia de cultivo y el uso de semillas de amapola, coca y cannabis por parte de entidades públicas. La duración de estas autorizaciones podría extenderse hasta cinco años, siendo renovables mediante solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el Ministro de Justicia, quien puede ajustar los plazos según la naturaleza de las actividades.
Un aspecto fundamental de este marco es la participación esencial de dos componentes: una entidad pública y organizaciones campesinas o comunidades étnicas ubicadas en áreas afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico.
El proceso de obtención de licencia y autorización para el cultivo de plantas como la amapola, cannabis y coca requerirá la colaboración activa de estas entidades, buscando así contribuir a los procesos de reconversión económica y desarrollo rural bajo un enfoque de justicia social, según explicó el Ministerio de Justicia.
Le recomendamos leer: Gobierno nacional busca que la carne baje de precio
El decreto también establece la creación del Comité Escal, encargado de evaluar, dar seguimiento y controlar las autorizaciones y licencias relacionadas con estupefacientes. Este comité tendrá la capacidad de recomendar medidas al Consejo Nacional de Estupefacientes.
Un elemento destacado del marco regulatorio es que las licencias permitirán la transformación de plantas actualmente vinculadas al narcotráfico en materias primas para la fabricación de productos legítimos, tales como pinturas, alimentos, cosméticos, fertilizantes y gaseosas, entre otros.
El Ministerio de Justicia subraya que el objetivo principal es facilitar la generación de una industria lícita, supervisada y respaldada por el Estado, por parte de organizaciones campesinas y comunidades étnicas en territorios afectados por el conflicto armado y el narcotráfico.
El proyecto resalta la responsabilidad de las entidades públicas en la verificación de permisos y actividades autorizadas o licenciadas. En este sentido, se establece la obligación de destruir semillas, plantas, derivados y productos que carezcan de autorización, consolidando así un marco regulatorio que busca conciliar la producción legítima con la seguridad y supervisión necesarias.
Un comentario