Gobierno radica proyecto de ley para frenar el transporte ilegal
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca endurecer el régimen sancionatorio y fortalecer el control contra el transporte informal e ilegal en todo el territorio nacional.
La iniciativa plantea nuevas definiciones, sanciones más severas para quienes presten el servicio sin autorización y amplía la responsabilidad a propietarios de inmuebles, conjuntos residenciales y centros comerciales donde se permita este tipo de prácticas.
De acuerdo con el articulado, el servicio informal de transporte se configura cuando se presta “desbordando o excediendo los términos de la autorización conferida por la autoridad competente”, como operar por fuera del radio permitido o en rutas no asignadas. En cuanto al transporte ilegal, el proyecto lo define como aquel que se presta “en vehículos particulares sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y sin autorización”, categoría en la que se incluiría el servicio ofrecido mediante plataformas digitales como Didi, Yango, Uber e InDriver, entre otras.
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Uno de los puntos centrales del proyecto es el endurecimiento de las medidas de inmovilización. Según el texto radicado, cuando se compruebe que un vehículo presta un servicio informal o ilegal, será inmovilizado por 60 días la primera vez, 90 días en una segunda ocasión y 120 días en reincidencias posteriores.
El proyecto también introduce sanciones para propietarios de inmuebles, conjuntos residenciales y administradores de propiedades horizontales que permitan estas actividades. El artículo 88 establece que serán sancionados quienes directa o indirectamente promuevan, consientan u ofrezcan el estacionamiento o la prestación de servicios de transporte informal o ilegal en los bienes que administran. Las multas oscilarían entre 1.000 y 60.000 UVB.
En materia de control, la iniciativa ordena a la Superintendencia de Transporte priorizar la protección de los derechos de los usuarios y de las empresas legalmente constituidas, apoyándose en el uso de tecnología para contrarrestar estas prácticas.
Finalmente, el proyecto contempla un control especial en zonas estratégicas como aeropuertos, hoteles, centros comerciales, terminales de transporte y centros administrativos, donde se ordena a las autoridades locales ejercer una vigilancia estricta contra el transporte informal e ilegal.
