La Unión Europea impone normas a los modelos de inteligencia artificial generativa
Este sábado entraron en vigor las normas específicas de la Unión Europea para los modelos de inteligencia artificial generativa. Sistemas como ChatGPT, de OpenAI, y Gemini, de Google, deberán respetar contenidos protegidos por derechos de autor y evitar ofrecer información discriminatoria o que vulnere derechos fundamentales.
Estas obligaciones hacen parte de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, aprobada el año pasado y que se implementará de forma progresiva hasta 2027. La normativa clasifica el uso de la inteligencia artificial según el nivel de riesgo que representa para las personas.
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La Comisión Europea publicó recientemente las directrices para el cumplimiento de la ley por parte de los sistemas generativos, incluyendo un código de conducta voluntario. Sin embargo, grandes empresas como Meta ya han rechazado firmarlo, y xAI, del empresario Elon Musk, solo ha accedido parcialmente.
En este contexto, crece la tensión entre Bruselas y Estados Unidos por las leyes que buscan limitar el poder de las grandes tecnológicas, como la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales.
Thomas Regnier, portavoz de la Comisión para la Soberanía Tecnológica, señaló que “aunque el código es voluntario, el cumplimiento de la ley no lo es”. Añadió que las empresas deberán demostrar que respetan los derechos de autor y garantizan transparencia, incluso si no se adhieren al código propuesto.
Entre las exigencias para los modelos de alto riesgo se incluye no entrenar sistemas con datos protegidos por copyright, y evaluar posibles impactos sobre los derechos humanos, el control de los usuarios y la seguridad ante riesgos químicos, biológicos o nucleares.
A partir del 2 de agosto de 2026, la Comisión podrá abrir expedientes por incumplimiento de la ley. Esta fecha se aplaza un año para los modelos que ya están en uso, aunque la Comisión Europea ha indicado que podría considerarse un retraso mayor en la aplicación.
Finalmente, unas 40 organizaciones europeas e internacionales de artistas, editores y titulares de derechos expresaron su inconformidad con el código de conducta, al considerarlo insuficiente para proteger la propiedad intelectual.
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