Más de 30 funcionarios del DAPRE fueron declarados insubsistentes pese a fuero laboral

Una fuerte controversia se desató en la Presidencia de la República tras conocerse que al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) fueron declarados insubsistentes por decisión de Nhora Yhanet Mondragón, recientemente designada como directora administrativa de la entidad. Las resoluciones ya fueron publicadas oficialmente y entre los afectados se encuentra Luz Dary Cruz, jefa de Recursos Humanos durante 25 años y próxima a pensionarse.

El caso ha generado especial preocupación debido a que Cruz contaba con fuero de estabilidad laboral reforzada, amparado por la Ley 909 de 2004, que protege a los servidores públicos que se encuentran a tres años o menos de cumplir los requisitos para su pensión. La norma obliga a las entidades a reubicar a estos funcionarios, en lugar de desvincularlos. Este derecho fue ampliado recientemente por la Corte Suprema de Justicia al sector privado.

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De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, entre los funcionarios retirados hay madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidades médicas, así como conductores, camareros y la jefa de prensa del DAPRE, Yuri Calderón. Algunos de los afectados habrían sido identificados como simpatizantes del proyecto político del presidente Gustavo Petro, aunque sin participación activa en actividades de campaña.

Las decisiones administrativas habrían sido tomadas bajo la orientación de Letty Leal, subdirectora del DAPRE, y José Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial. Estos movimientos coinciden con una intensa contratación estatal, a pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, periodo en el que se restringen cambios de personal. En las últimas semanas, al menos 20 nuevos funcionarios habrían sido vinculados con salarios iguales o superiores a 16 millones de pesos.

Varias fuentes confirmaron que se preparan acciones legales contra las resoluciones, especialmente por la posible vulneración de derechos laborales protegidos. El episodio recuerda los recientes despidos masivos en la Cancillería, donde más de 130 funcionarios de carrera fueron removidos, pese a que el 9 de enero de 2026 el Gobierno emitió una circular prohibiendo expresamente este tipo de decisiones.