Más de 5.000 contratistas y defensores públicos se quedarán sin pago
La Defensoría del Pueblo de Colombia lanzó una fuerte advertencia al cierre de este año tras denunciar las graves consecuencias de un recorte presupuestal que afecta su funcionamiento y ha impedido el pago oportuno de honorarios a más de 5.000 contratistas y defensores públicos en todo el país, quienes garantizan el acceso a la justicia, especialmente para la población más vulnerable.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 asignó a la entidad un monto inferior al solicitado y, además, menor al presupuesto aprobado para 2025, lo que representa una reducción real de recursos. Según indicó, la cifra fue definida “de manera unilateral” por el Ministerio de Hacienda y posteriormente reducida durante el debate en el Congreso.
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Este ajuste dejó a la Defensoría sin la capacidad financiera para cumplir compromisos contractuales ya adquiridos. El impacto se materializó en diciembre, cuando la entidad fue notificada de que no contaría con los recursos necesarios para pagar los honorarios de más de 5.160 contratistas y defensores públicos, pese a que los pagos estaban contemplados en la ley de presupuesto y respaldados por contratos de prestación de servicios debidamente cumplidos.
El desembolso, que se esperaba realizar antes de las celebraciones de Navidad, no fue posible debido a la falta de giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.
Marín resaltó el papel esencial que cumplen los defensores públicos dentro del sistema judicial colombiano, al representar a personas sin recursos económicos en procesos judiciales. También advirtió que muchos de estos profesionales ya enfrentan cargas laborales excesivas, situación que se agrava con la falta de pago.
Finalmente, la Defensora cuestionó la efectividad de la autonomía presupuestal de la entidad, consagrada en la Constitución, y anunció que continuará gestionando ante el Gobierno para que se liberen los recursos y se garantice el pago, al tiempo que pidió fortalecer a la Defensoría en futuros debates presupuestales.
