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Millonarios contratos con organizaciones comunitarias generan dudas sobre su ejecución en el Gobierno Petro

El Gobierno del presidente Gustavo Petro entregó más de 31 billones de pesos mediante contratación directa a organizaciones comunitarias en todo el país, según revelaciones recientes basadas en derechos de petición. En total, se han suscrito más de 80.700 contratos desde 2022 con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, resguardos y otras formas de organización popular, muchos de los cuales presentan bajos niveles de ejecución.

Estos recursos se canalizaron a través de las llamadas Asociaciones Público-Populares, una figura incluida en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. Sin embargo, dicha herramienta fue posteriormente anulada por la Corte Constitucional de Colombia al considerar que vulnera principios de transparencia en la contratación estatal.

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Las cifras muestran que la mayor parte del dinero se concentró en asociaciones comunales, con más de 25 billones de pesos distribuidos en decenas de miles de contratos. A pesar de ello, solo una fracción de estos acuerdos aparece como finalizada, mientras que muchos permanecen en estados intermedios como ejecución o modificación, lo que ha despertado alertas sobre posibles fallas en la gestión de los recursos.

Organismos de control como la Contraloría General de la República han advertido sobre la falta de resultados concretos en proyectos financiados bajo este esquema. Uno de los casos más representativos es el programa de vías rurales, que tenía como meta intervenir miles de kilómetros, pero que registra avances mínimos frente a lo proyectado.

Aunque la contratación con organizaciones comunitarias no es ilegal, expertos señalan que el problema radica en la forma en que se implementó. Advierten que la ausencia de controles estrictos y de procesos competitivos puede abrir la puerta a riesgos de clientelismo y uso inadecuado de fondos públicos, especialmente en un contexto preelectoral donde aumenta la sensibilidad frente al manejo de recursos estatales.

 

Jennifer Guarín Díaz

Jennifer Guarín Díaz

Estudiante de Comunicación Social y Periodismo – Universidad de Ibagué.

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