Ministerio de Defensa refuerza medidas de seguridad ante ola de asesinatos contra la Fuerza Pública

Ante el alarmante incremento de asesinatos selectivos contra miembros de la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa Nacional emitió un estricto protocolo de seguridad dirigido a militares, policías y personal administrativo en Bogotá. La medida más significativa es la prohibición del uso de uniformes fuera del servicio activo, como parte de la estrategia para contrarrestar el llamado “Plan Pistola” del Clan del Golfo.

Este plan criminal ha cobrado la vida de al menos 35 uniformados en diferentes regiones del país, especialmente en Antioquia y la región Caribe. Los ataques, generalmente sorpresivos, ocurren cuando las víctimas se encuentran fuera de servicio, en momentos de descanso o junto a sus familias.

El protocolo de seguridad, divulgado internamente, recomienda que el personal se desplace vestido de civil y que modifique constantemente sus rutinas diarias, utilizando distintos trayectos y horarios entre sus hogares y lugares de trabajo. Además, se prohíbe el uso del uniforme al movilizarse en bicicleta, motocicleta o transporte público, con el fin de evitar ser identificados fácilmente.

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También se incluyen recomendaciones de autoprotección digital y social: evitar compartir información personal, financiera o familiar en redes sociales o espacios públicos, ya que los delincuentes estarían utilizando estos datos para seleccionar a sus víctimas.

La preocupación por la seguridad llevó incluso a la instalación de una línea directa para reportar comportamientos sospechosos dentro de las instalaciones del Ministerio.

Por su parte, la Policía Nacional adoptó una medida sin precedentes el pasado 29 de abril, al permitir que sus agentes porten sus armas reglamentarias incluso en sus hogares. El director de la institución, general Carlos Fernando Triana, afirmó: “Hemos implementado acciones contundentes para reforzar la seguridad operativa y salvaguardar la vida de nuestros integrantes frente a esta amenaza constante”.

Las autoridades continúan evaluando nuevas medidas para proteger a sus hombres y mujeres en servicio, mientras el país enfrenta una escalada de violencia contra la institucionalidad.