No todo lo que ha hecho Petro, lo ha hecho mal
Aunque a Colombia se le midan internacionalmente los resultados de la “lucha contra el narcotráfico” en hectáreas de coca sembrada, al país lo que le duele no es lo que los expertos tasan en alrededor de 300.000 sino los cientos de muertos que este negocio ilícito ha dejado regados por todo el territorio nacional.
Lo más vergonzante de esta situación no es que el presidente colombiano, Gustavo Petro, culpe a los países consumidores, particularmente a los Estados Unidos, por los resultados de esta fallida lucha sino que los colombianos nos hayamos acostumbrado a los titulares que cada vez tienen menos vistas, lo que pareciera demostrar que en el país de la belleza hemos perdido la capacidad de empatizar con quienes tienen que vivir a diario las consecuencias de la guerra entre cárteles que, ante la imposibilidad de poder dimitir ante las autoridades sus conflictos, deben resolverlos a punta de bala y sangre.
El informe de esta semana de Human Right Watch, Colombia: Los grupos armados someten a las comunidades en Putumayo – Miembros de los grupos armados refuerzan su control a pesar de las negociaciones de paz, insiste en mostrar el panorama desolador de la cotidianidad de miles de paisanos en el sur del país.
Según el informe, los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios que osan participar en reuniones relacionadas con los acuerdos de paz; reclutado a niños; confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados.
En entrevistas dadas bajo anonimato, decenas de pobladores y líderes de la región manifestaron a los investigadores que, para que las cifras oficiales de homicidios no llamen la atención, los grupos armados obligan a las comunidades a recoger y enterrar los cadáveres ocultando de esta manera sus crímenes.
Igualmente son forzados a marchar a favor de las petroleras de la zona, cultivar y recolectar hoja de coca y a marchar por los intereses de los grupos armados, entre otros, para que liberen a sus cabecillas capturados por las autoridades.
Los llamados, Comandos de la Frontera, a los que hace referencia sin nombrarlos este informe, son un grupo criminal surgido en 2017 como resultado de una alianza criminal entre las FARC y miembros de La Constru, un grupo de desmovilizados de los bloques paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La llegada en el 2018 del Frente Carolina Ramírez (éste sí nombrado en el informe), un grupo asociado al Estado Mayor Central de las ex-FARC, inició una disputa entre ambas facciones, que ha tenido varios momentos álgidos con la población en la mitad.
La alianza en el 2020 con la Segunda Marquetalia en cabeza del famoso Iván Márquez les permitió consolidarse como actores dominantes en el sur de Putumayo e iniciar un proceso de expansión nacional e internacionalmente.
Aunque, cuando Petro llegó a la Casa Nariño, los Comandos de la Frontera manifestaron su intención de unirse a su propuesta de Paz Total, la captura de su líder, Giovanny Andrés Rojas alias “Araña” en febrero de 2025, desmoronó el propósito y los devolvió de entero a la ilegalidad.
una investigación publicada en abril de este año y liderada por la Red Transfronteriza de Ojo Público junto a los medios aliados SUMAÚMA, de Brasil, La Silla Vacía, de Colombia, y Código Vidrio, de Ecuador, identificó que la producción y tráfico de drogas está presente en 54 de las 75 localidades limítrofes de la Amazonía en los países que comparten este trapecio.
También establecieron que los dos grupos criminales más activos en la zona son el brasileño Comando Vermelho y el colombiano Comandos de la Frontera, este último con presencia en los cuatro países observados por lo que no sorprende que, a diferencia de sus vecinos, en Colombia el 100% de las localidades tenga presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico.
Lo que pocos saben y que deja en evidencia este informe y el publicado en junio de 2024 por la Silla Vacía, 7 Claves por las que la coca sigue siendo una amenaza para la Amazonía, es que, la llegada de Petro a la presidencia y particularmente la purga que hizo al interior de las Fuerzas Militares, dejó sin aliados en la legalidad a los Comandos de la Frontera, quienes, durante dos años, 2022 y 2023, dejaron a los campesinos con la hoja de coca ya que no se la compraron al no poder sacarla del país, lo que disminuyó su precio haciendo poco rentable este negocio ilícito.
Esta audaz estrategia obligó a los productores en terreno a recurrir a otras aún más novedosas, como es sembrar nuevas variedades de la hoja que les permite un mayor rendimiento, aunque no con mucho margen de ganancia.
Para los expertos en seguridad es bien sabido que el combustible de la mayoría de los males que vivimos los colombianos es el narcotráfico, sin embargo, pareciera que la polarización no les permite reconocer que hay estrategias exitosas de este gobierno para rendir este enemigo público que podría continuar y profundizar el próximo presidente sin importar su filiación política.
