¿Por qué quieren acabar la JEP?
La solicitud de un abrazo hizo caer en bruces a un hombre fuerte, curtido por la formación militar que aún se marcaba en cada músculo de su cuerpo. Una hija y la madre de una de sus víctimas —John Darío Giraldo Quintero, a quien asesinó para presentarlo falsamente como una baja en combate—, en un acto de verdadera valentía, le ofrecieron el castigo más doloroso para su delito: un perdón que lo hincó de rodillas sobre la baldosa fría del tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, en medio de un llanto incontrolable, mezcla de dolor y vergüenza.
No es fácil ser llamado a declarar frente a las víctimas, y menos aún ser obligado a pedir perdón a una madre o a un hijo que, por su actuación, tuvo que continuar una vida aún más difícil, marcada por la ausencia y la soledad.
Es por esto que muchos anhelan que termine el tiempo de la Jurisdicción Especial para la Paz, para cerrar de forma definitiva un tribunal que se ha convertido en el confesionario de quienes, en otros escenarios, tendrían que enfrentar las más altas condenas reservadas para asesinos seriales o responsables de delitos de lesa humanidad.
Un mural pétreo en Isnos, Huila, inmortalizó el reconocimiento que hicieron 28 militares de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad al asesinar a 200 personas en 108 hechos ocurridos entre 2005 y 2008, así como 32 desapariciones forzadas y 8 tentativas de homicidio. Sin la JEP, víctimas y victimarios no habrían podido encontrarse alrededor de este simbolismo que les permitió comenzar a sanar sin olvidar.
Sería ante la JEP donde el temido secretariado de las FARC-EP reconocería por primera vez el reclutamiento forzado de 18.677 menores de edad, de los cuales uno de cada tres nunca fue devuelto a sus familias por encontrarse desaparecido. Frente a muchas de las familias de sus víctimas, pidieron perdón por los delitos cometidos contra estos menores de 15 años, entre los que se encuentran malos tratos, torturas, homicidios, violencia reproductiva y sexual, así como violencias basadas en prejuicios contra niños y niñas reclutados con orientación sexual o identidad de género diversa.
El pasado 15 de marzo, la JEP cumplió 8 años desde que comenzó a desentrañar la más profunda barbarie que carcomió todos los niveles de la sociedad. Sin sus buenos oficios, no habría sido posible entender lo que vivió Colombia durante más de 50 años de conflicto armado. Y aunque algunos crean que no hablar de lo ocurrido permite olvidar más rápido, este tribunal transicional ha demostrado que nombrar lo sucedido y exigir que los responsables rindan cuentas es la única forma de evitar que esta historia se repita.
Gracias a la JEP, hoy sabemos que hubo más de 21.000 secuestros en Colombia; que el conflicto armado dejó más de 35.000 víctimas de violencia sexual y basada en género; que más de 300 personas reconocieron haber cometido graves crímenes de guerra y de lesa humanidad; que cerca de 6.000 militantes de la Unión Patriótica fueron víctimas de violencia; y que más de 1.350.000 víctimas pertenecen a grupos étnicos.
Quienes no quieren que la verdad salga a la luz anhelan que se cumpla el plazo inicial de 10 años que le otorgó la Ley Estatutaria que creó la JEP en 2018, y buscan evitar, por todos los medios, que ese plazo pueda extenderse hasta el máximo de 20 años contemplado en esa misma ley.
Sin embargo, estará en manos de quien ocupe la próxima presidencia de Colombia la decisión de darle continuidad o poner fin a este importante tribunal, en el que el dolor ha encontrado un cauce para sanar las heridas del pasado y construir, con esperanza, un futuro en el que todas y todos podamos vivir en paz.
