Procuraduría revela irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022

La Procuraduría General de la Nación concluyó que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 violó los límites de gasto establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la primera vuelta y omitió información clave en la segunda.

Según el informe, la campaña superó el tope de $28.536 millones para la primera vuelta al omitir la factura CI 8136 por $356 millones. Con esta adición, los gastos ascendieron a $28.690 millones, lo que representa un exceso de $154 millones.

La entidad señala como principal responsable a Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña en ese entonces y actual presidente de Ecopetrol, por ocultar información contable. También se imputa responsabilidad a Lucy Aydee Mogollón Alfonso (tesorera), María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez (auditores).

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Uno de los casos más críticos fue el evento realizado en el Movistar Arena el 19 de junio de 2022. Su costo real fue de $250 millones, pero solo se reportaron $150 millones al CNE. El resto fue pagado por la empresa ServiRed SAS y no fue incluido en los informes oficiales.

Durante la segunda vuelta, aunque no se sobrepasó el tope de $13.347 millones, la Procuraduría detectó que los gastos reales alcanzaron los $13.299 millones, gracias a valores no reportados como el del evento del Movistar Arena. También se denunció la omisión de un préstamo del Partido Polo Democrático, que fue eliminado del informe contable con el argumento de haber sido reemplazado, distorsionando la realidad financiera de la campaña.

La Procuraduría también cuestionó los pagos a testigos electorales contratados por Colombia Humana, los cuales no fueron registrados, así como aportes de organizaciones como la USO y Fecode, que ejecutaron recursos sin reportarlos a los responsables financieros.

El informe concluye que hubo desconocimiento del régimen de topes, omisiones contables y falta de transparencia, por lo que propone una multa de $154 millones y la devolución de los recursos públicos correspondientes.