Procuraduría sanciona al excanciller Álvaro Leyva con inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos por irregularidades en licitación de pasaportes

Este martes, 12 de noviembre de 2024, el excanciller Álvaro Leyva fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación con una inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos, tras ser hallado responsable de presuntas irregularidades en el proceso de licitación de los pasaportes. La decisión fue tomada por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, en un fallo que se dio a conocer oficialmente luego de varios meses de investigación.

El caso se remonta al 24 de enero de 2024, cuando la Procuraduría, liderada por Margarita Cabello, formuló un pliego de cargos contra Leyva por el polémico proceso de contratación. Inicialmente, Leyva fue suspendido de su cargo como ministro de Relaciones Exteriores por un periodo de tres meses, el cual fue extendido a seis meses tras avances en la investigación. Antes de finalizar su suspensión, el excanciller presentó su renuncia, cediendo su puesto a Luis Gilberto Murillo, quien asumió de manera interina en marzo y fue ratificado como titular en mayo.

Le puede interesar: Alerta roja en el Tolima por deslizamientos de tierra

La Procuraduría señaló que Leyva incurrió en dos faltas disciplinarias calificadas como “gravísimas”, supuestamente cometidas con dolo. La primera falta se refiere a la declaración desierta de la licitación 001 de 2023, en la que Leyva habría ignorado los principios fundamentales de la contratación estatal, al no considerar los aspectos jurídicos, fácticos y técnicos necesarios para su ejecución. La segunda falta está relacionada con la declaratoria de urgencia manifiesta en un contrato, sin que existieran razones justificadas para dicha medida, lo que según el Ministerio Público vulneró los principios de transparencia y legalidad en la gestión pública.

El fallo, que se esperaba para el pasado 5 de noviembre, fue pospuesto una semana a solicitud de la defensa de Leyva, que argumentó compromisos laborales previos. Con esta sanción, Leyva quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el año 2034, cuando tendría 92 años. Dada su avanzada edad, es poco probable que pueda reincorporarse a la función pública en el futuro.

Este caso ha generado gran controversia en el ámbito político, no solo por la figura de Leyva, un veterano político y antiguo funcionario del Gobierno Petro, sino también por las implicaciones que tiene en la transparencia de los procesos contractuales en el país. La sanción de la Procuraduría busca enviar un mensaje contundente sobre la importancia de la legalidad y la ética en la administración pública, reforzando la vigilancia sobre los altos funcionarios y su responsabilidad en la gestión de recursos públicos.