Rodrigo Duterte detenido en Filipinas tras orden de la CPI
El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado este martes, 11 de marzo, en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila. Su detención obedece a una orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes de lesa humanidad por la ejecución de su polémica «guerra contra las drogas» durante su mandato (2016-2022).
Un arresto que marca la historia de Filipinas
Duterte, de 79 años, regresaba de Hong Kong cuando fue abordado por las autoridades filipinas y escoltado fuera del aeródromo bajo estrictas medidas de seguridad. Su detención supone un momento histórico, dado que Filipinas se había retirado de la CPI en 2019 bajo su administración, en un intento por evitar posibles investigaciones en su contra. Sin embargo, el tribunal internacional continuó recabando evidencias y mantuvo abierto el caso.
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El exmandatario enfrenta cargos por «crímenes contra la humanidad por asesinato», debido a los miles de fallecidos en operativos antidroga, muchos de ellos ejecuciones extrajudiciales. Según cifras de la Policía Nacional de Filipinas, al menos 6.000 personas perdieron la vida en estas operaciones, aunque organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real podría superar las 30.000 víctimas.
Duterte desafía su detención
Horas después de su arresto, un video publicado en la cuenta de Instagram de su hija menor, Verónica Duterte, mostró al exmandatario exigiendo conocer la base legal de su captura. «¿Cuál es el crimen que cometí? Muéstrenme la ley bajo la cual estoy aquí», declaró con visible molestia.
Duterte ha sostenido reiteradamente que sus políticas de seguridad estaban dirigidas a erradicar el narcotráfico y evitar que Filipinas se convirtiera en un «narcoestado». Sin embargo, su enfoque de «mano dura» ha sido criticado por organismos internacionales y gobiernos extranjeros que lo han calificado como una violación masiva de los derechos humanos.
Repercusiones políticas y diplomáticas
La captura de Duterte abre un complejo capítulo en la relación de Filipinas con la CPI y la comunidad internacional. Si bien el país asiático no es miembro activo del tribunal, el presidente actual, Ferdinand Marcos Jr., ha indicado que su gobierno no interferirá con la investigación y ha considerado la posibilidad de reincorporarse al organismo.
Desde el ámbito legal, la abogada Kristina Conti, quien representa a las víctimas en el caso de la CPI, afirmó que Duterte debería ser extraditado a La Haya cuanto antes. «Cuando una persona es detenida bajo una orden de la CPI, debe ser entregada a las autoridades competentes y trasladada a La Haya lo más pronto posible», declaró.
Por otro lado, sectores afines a Duterte denuncian que su arresto es una maniobra política para evitar su retorno a la vida pública, ya que el exmandatario había anunciado su intención de postularse a la alcaldía de Davao en los comicios locales del próximo 12 de mayo.
El futuro de Duterte: éxodo legal y juicio internacional
A medida que avanza el proceso, las autoridades filipinas deberán decidir si entregan a Duterte a la CPI o si el exmandatario enfrentará la justicia en su país. Su captura también podría sentar un precedente en la región, enviando un mensaje sobre la responsabilidad de los líderes políticos en crímenes de lesa humanidad.
Mientras tanto, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos seguirán de cerca el desarrollo del caso, en un intento por garantizar que se haga justicia para las víctimas de una de las políticas más controversiales en la historia reciente de Filipinas.
