Soñar sabroso
El pasado sábado fue entregado por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, a la Universidad del Valle, el Edificio Hormaza, ubicado en el centro de Cali. Este lugar será usado por Univalle para la nueva Facultad de Derecho, sus dependencias, el consultorio jurídico y oficinas administrativas de la universidad. Son siete niveles que cuentan con 2762 mts construidos. Esta entrega hace parte de las promesas de campaña que hizo el presidente Petro, quien prometió ampliar la infraestructura educativa en todo el país.
Este resultado se da en corto plazo y no podemos desconocer que ampliar la oferta educativa de una universidad pública como la Universidad del Valle, es un paso importante para la educación. Sin embargo, no es lo único que necesitamos del señor Daniel Rojas Medellín, director de la SAE. Cali requiere que, con urgencia, se ponga al frente de predios que la SAE entregó en arriendo a terceros quienes, para su usufructo, realizan actividades que afectan la salud de la comunidad que los rodea, como son Carpa la 50 y La 66 Central Park. Ubicados en la Carrera 50 # 2E-111 y en la Carrera 65 #13-99, estos predios han sido adecuados para la organización de grandes fiestas y conciertos, aunque, infortunadamente, a ninguna autoridad en Cali se le ocurrió garantizar que los lugares estuvieran encerrados e insonorizados para evitar impactar a los vecinos del sector, lo que ha ocasionado que las personas se vean afectadas por el ruido constante, que les impide no solo poder dormir en horas de la noche, sino hasta escucharse en cualquier lugar de su casa a cualquier hora del día, mientras se desarrolla algún evento.
Cali es una ciudad en la que falta orden y mucha autoridad, por eso, este tipo de entidades no pueden dejar a la suerte o buena voluntad de nadie el cumplimiento de las normas. El señor Rojas Medellín debe revisar los contratos de estos predios y garantizar que se cumplen a cabalidad, porque no es lógico ni sensato, que el Estado alquile sus propiedades para que se afecte la salud de los ciudadanos. Todas las acciones de la SAE deben estar encaminadas al beneficio de la comunidad en general, no al de unos cuantos que visitan este tipo de lugares para su esparcimiento y al de los comerciantes, que nutren sus bolsillos con la comercialización de estos.
Es hora de que la entidad del Estado que administra los predios incautados al narcotráfico en Cali, la SAE, evidencie que su labor es preservarlos y ponerlos al servicio de la comunidad, entregándolos a personas o entidades responsables, conscientes de las necesidades e impactos que pueden tener en las zonas que los rodean. Es hora de dejar de pensar en los intereses de unos y comenzar a hacerlo en el beneficio de todos. Eso sí podría ayudar a muchos a volver a soñar sabroso.
