Transporte, tránsito, movilidad y caos (primera parte)
Mala suerte para los Ibaguereños con esta vital actividad, por donde se le mire solo resalta el caos, producto de la improvisación, la incompetencia y la politiquería. Vamos por partes. Primero, en materia de transporte, el Sistema Estratégico que, en cualquier parte del mundo, se concibe como un gran proyecto de ciudad, un ancla que jalona el desarrollo y la productividad, no solo de Ibagué, sino de la región, que supone la creación de una empresa ícono para los Ibaguereños, quizás, la más importante en años, con activos que la podrían ubicar entre las 100 más grandes de Colombia, para nosotros se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, donde actores inesperados, algunos inescrupulosos y politiqueros acomodan y reacomodan sus intereses que, por supuesto, son distantes del bien común, de toda la ciudad.
En el Sistema Estratégico de Transporte Público, el municipio aporta la infraestructura vial, semafórica, terminales, patios talleres, estaciones, paraderos, los sistemas de control de flota, de información ciudadana y de recaudo, que, en su adecuación, se tienen previstas inversiones que superan los 400 mil millones, donde la nación da el 70% y la ciudad el 30% restante. Los transportadores, llámense empresas, aportan su licencia o habilitación en la operación del transporte colectivo y los transportistas, que son los propietarios de los vehículos, aportan los equipos, que bajo los estudios del SETP, tendrían una inversión del orden de 400 mil millones de pesos, es decir son, junto con la nación y el municipio, los mayores aportantes y, paradójicamente, quienes quedan por fuera del “negocio”.
El último decreto expedido por la Alcaldía a finales del año pasado (el 0874 de 2022), volvió a barajar la operación, en una interpretación sesgada de la Ley 1079 de 2015, respecto de la figura de la reorganización y/o restructuración de servicios. Por segunda ocasión vuelve a entregar a las 7 empresas de transporte la operación del SETP, pero esta vez, con la ventaja que, en caso de no cesar las peleas intestinas a su interior, podrán nuevamente, bajo la modalidad de acuerdo empresarial, repartirse las tres rutas estructurantes, de manera salomónica, apostillada en la vieja e inexistente tesis de la competencia, que, por supuesto, no se da en este evento, soslayando así el derecho de los transportistas.
Los transportadores (empresas), que deben democratizarse, deben adquirir los vehículos que salen, aproximadamente 300 y, al parecer, carecen de recursos económicos para emprender esta tarea. Los fondos de reposición no tendrían para un vehículo, siendo así, el panorama es serio y preocupante para los transportistas, los grandes perdedores. Diferente es el panorama para los contratos que anuncia la administración, en obra pública, semaforización y el “negocio” rentable del recaudo, que se pretende, al parecer, saltar el estatuto de contratación pública, que por la cuantía y la exigencia de la Ley 1079 de 2015, en garantía de transparencia y libertad empresarial debe hacerse mediante convocatoria pública.
El costo del contrato de recaudo podría oscilar, aproximadamente, entre 80 mil a 100 mil millones de pesos al año, cifra que puede resultar de multiplicar el promedio de pasajeros movilizados por año en los 605 vehículos que pronostica, operará el sistema, multiplicado por la tarifa actual de $2.500 pasajero. Es un cálculo promedio, pero que sería este, el contrato individual más grande que se ha hecho en Ibagué en toda su historia y se entregara, al parecer, a dedo…
