Tres años de Gustavo Petro en el poder: un gobierno marcado por la polarización, logros parciales y crisis institucional

Este jueves se cumplen tres años del inicio del mandato de Gustavo Petro como presidente de Colombia, un periodo que ha transformado radicalmente el panorama político del país. Su llegada al poder fue histórica por ser el primer presidente de izquierda en ocupar la Casa de Nariño, y su estilo de gobierno ha significado una ruptura con la tradición presidencial colombiana. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por una fuerte polarización, tensiones con las instituciones, crisis en sectores clave y escasos resultados concretos en varias de sus promesas.

Una presidencia de confrontación

Desde el inicio, el Gobierno Petro se ha caracterizado por un tono irreverente y desafiante hacia la institucionalidad, los medios de comunicación, el Congreso y la justicia. Ha denunciado repetidamente ser víctima de un “golpe blando” o incluso de intentos de asesinato, sin pruebas contundentes. En sus intervenciones públicas, ha acusado a magistrados, fiscales, congresistas y periodistas de sabotear su agenda, generando un clima de hostilidad y desconfianza institucional sin precedentes en la historia reciente del país.

El choque más grave con el poder judicial ocurrió en febrero de 2024, cuando manifestantes convocados por Petro atacaron la sede de la Corte Suprema en medio de la elección del nuevo Fiscal General. Más recientemente, ha cuestionado directamente a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado, e incluso retiró la competencia de este último para revisar tutelas en su contra.

El Congreso tampoco ha estado exento. Tras el rechazo del Senado a su consulta popular, Petro respondió con insultos y decidió avanzar con el proceso por decreto, desafiando abiertamente la separación de poderes. A esto se suma la constante amenaza de convocar una Asamblea Constituyente, propuesta que ha generado alarma en diversos sectores políticos y académicos.

Salud: caos, deudas y retrocesos

Uno de los frentes más criticados ha sido el sector salud. La reforma propuesta por el Gobierno ha provocado un desorden estructural, con efectos negativos en la atención de millones de ciudadanos. La transformación del modelo del Fondo del Magisterio (FOMAG) generó protestas en varias ciudades debido a la improvisación en la elección de prestadores y problemas en la entrega de servicios.

A pesar de que el presidente ha presumido una reducción del 17 % en la mortalidad infantil, expertos como Andrés Vecino, Ph.D en Salud Pública, advierten que los verdaderos indicadores preocupantes —acceso, calidad, y gasto de bolsillo— han empeorado significativamente. Las tutelas por servicios médicos aumentaron un 70 % en 2024, y ya van más de 300.000 en lo corrido de 2025.

Además, el Gobierno mantiene una deuda de 13,9 billones de pesos con las EPS, lo que ha generado un efecto dominó en clínicas, hospitales y operadores farmacéuticos. La Nueva EPS, intervenida por el Estado, debe más de 600.000 millones a clínicas como Zentria. Ni las intervenciones han mejorado la situación, mientras se multiplican las barreras de acceso a tratamientos vitales.

Tierra: el punto alto del Gobierno

En contraste, uno de los sectores con mejores resultados es el de tierras. Durante su mandato, la Agencia Nacional de Tierras ha entregado 634.712 hectáreas, de las cuales más de 400.000 fueron compradas directamente por el Estado. Esta cifra contrasta con las 27.827 hectáreas entregadas en el gobierno de Santos y las 32.614 del de Duque.

También se han formalizado 1,7 millones de hectáreas, superando los registros anteriores. Sin embargo, expertos como la exministra Cecilia López advierten que la reforma agraria no se trata solo de comprar tierra, sino de garantizar su legalidad, uso productivo y acompañamiento a los campesinos con proyectos sostenibles.

Orden público: la “paz total” en crisis

El balance en seguridad es preocupante. Pese a cifras récord de incautaciones de droga, estas responden al aumento histórico de producción: 3.708 toneladas de cocaína y cerca de 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

La política de “paz total” no ha dado los resultados esperados. Según la Defensoría del Pueblo, grupos armados ilegales operan en 790 municipios del país. El número de desplazados en el primer semestre de 2025 supera los 77.000, triplicando la cifra de todo 2024. La violencia se ha recrudecido especialmente en Cauca, Chocó, Catatumbo y la frontera entre Antioquia y Bolívar.

Libertad de prensa y corrupción: sombras del “Gobierno del cambio”

Petro ha mantenido una postura hostil hacia los medios de comunicación, a los que acusa de estar al servicio de intereses económicos y de hacer “guerra sucia” contra su Gobierno. Organizaciones como la FLIP han advertido que estas actitudes minan la libertad de prensa y fomentan un ambiente de persecución contra periodistas.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, el balance es desalentador. Según Transparencia por Colombia, el Gobierno carece de un plan articulado para combatir este flagelo. El escándalo de la UNGRD, con presunto desvío de recursos destinados a La Guajira, involucra a figuras clave del Ejecutivo y ha sacudido al Congreso. Entre los implicados están exministros, congresistas y funcionarios cercanos al presidente, algunos de ellos hoy prófugos o bajo investigación.

Balance: luces, sombras y un legado en disputa

A tres años de su posesión, el “Gobierno del cambio” muestra un país más polarizado, con fracturas institucionales y serios retrocesos en sectores esenciales como salud y seguridad. Aunque hay avances concretos en tierras, los escándalos, la confrontación constante y la falta de resultados sostenibles en muchas de sus apuestas empañan su legado.

Gustavo Petro ha cambiado la forma de gobernar en Colombia, pero ese cambio ha traído consecuencias profundas que aún están por medirse. Con un último año de mandato por delante, el presidente enfrenta el reto de demostrar que su visión puede trascender la retórica y dejar bases sólidas para el futuro del país.