USO contradice a Petro y defiende el fracking como alternativa para “salvar” a Ecopetrol y la soberanía energética

La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato del sector energético en Colombia, lanzó un fuerte pronunciamiento contra la política de hidrocarburos del presidente Gustavo Petro, cuestionando sus afirmaciones sobre la viabilidad financiera de Ecopetrol y el impacto del fracking.

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el sindicato aseguró que el breakeven estimado de Ecopetrol se sitúa alrededor de los 50 dólares por barril, mientras que el lifting cost promedio es cercano a los 12 dólares. Según la USO, mientras el precio del Brent esté por encima del breakeven, la compañía genera utilidades positivas, por lo que calificó como “carente de sustento técnico” la afirmación de que la estatal se quebraría con precios inferiores a 60 dólares por barril.

También rechazó la idea de que el fracking precipitaría la quiebra de la empresa. Citó el caso de Vaca Muerta, en Argentina, donde el lifting cost oscila entre 4 y 5 dólares por barril y el breakeven ronda los 45 dólares.

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El sindicato sostuvo que los yacimientos no convencionales pueden tener menor huella de carbono por barril producido frente a campos maduros y destacó que el crudo liviano obtenido mediante fracking suele tener mejor precio de mercado que el crudo pesado predominante en Colombia.

Asimismo, advirtió que el país ya importa cerca del 20 % del gas natural que consume y señaló que la Refinería de Barrancabermeja estaría importando crudo liviano para completar su carga, mientras la petroquímica enfrenta dificultades por insuficiencia de gas.

Para la USO, el desarrollo responsable del fracking podría fortalecer a Ecopetrol, garantizar la operación de la refinería y recuperar la autosuficiencia energética. En su mensaje, el sindicato cuestionó que se dejen de producir hidrocarburos en Colombia para importarlos, incluso desde yacimientos no convencionales en Estados Unidos.

Finalmente, citó a Mao Zedong al afirmar que “quien no ha investigado no tiene derecho a opinar”, insistiendo en que el debate debe basarse en evidencia científica y técnica, y no en el temor.