Acueducto de $11 mil millones en Armero Guayabal no funciona y la gobernadora guarda silencio: Ariel Ávila denuncia omisiones

El senador Ariel Ávila reveló esta semana nuevos detalles sobre un contrato millonario heredado de la administración del exgobernador Óscar Barreto, que hoy tiene en crisis al municipio de Armero Guayabal. Se trata de un acueducto que costó más de 11.096 millones de pesos, entregado oficialmente en 2021, pero que aún no garantiza el suministro continuo de agua potable para la comunidad.

El proyecto, ejecutado por el Consorcio Acueducto TMS y adjudicado por la Empresa Departamental de Acueducto y Alcantarillado del Tolima (EDAT), debía finalizarse en 10 meses. Sin embargo, acumuló cuatro prórrogas y dos suspensiones, extendiéndose hasta julio de 2021. A pesar de estar “terminado”, el servicio sigue siendo intermitente y el contrato está hoy bajo investigación de la Contraloría, que adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por más de 5.562 millones de pesos.

Le puede interesar: Arroceros mantienen bloqueos en vías del Tolima

Los contratistas involucrados presentan antecedentes preocupantes. Entre ellos, Miguel Castillo Baute, vinculado a escándalos contractuales en La Guajira; Serpaco Inverconstructores SAS, ligada a redes de contratación dudosa en el Cesar; y Técnica de Constructores Civiles SAS, representada por Alfredo Amin Yaber, implicado en el caso Centros Poblados.

Lo más grave es que, pese a las evidencias de incumplimiento, la póliza de cumplimiento nunca ha sido activada porque no se ha firmado el acta de liquidación del contrato, trámite clave para exigir garantías. Esta póliza vence en julio de 2026, y si no se actúa a tiempo, el Tolima perderá también ese respaldo legal.

La gobernadora Adriana Magali Matiz, quien fue parte del equipo de gobierno de Barreto como secretaria de Desarrollo Económico, ha sido crítica con el Gobierno Nacional, pero guarda silencio frente a este caso. Hasta la fecha, no ha tomado acciones ni ha respondido públicamente a los reclamos de los habitantes de Armero Guayabal.

“El problema no es solo que la obra haya fallado, sino que también fallaron los controles y la voluntad política para corregir”, señaló el senador Ávila, advirtiendo que el reloj corre hacia la impunidad mientras el agua potable sigue siendo un lujo para muchos.

El caso se perfila como otro elefante blanco, mientras la comunidad espera lo que aún no llega: agua constante y rendición de cuentas.