Bases erradas, para solicitudes equivocadas
Como era de esperarse y debido a los acontecimientos padecidos en abril y mayo de 2021, cuando la izquierda progresista de Colombia decidió tomarse el país y prácticamente destruirlo, sólo porque son incapaces de sentarse a dialogar, los colombianos y sobre todo los caleños, estábamos asustados, una vez más, por el paro anunciado para los pasados 28 y 29 de mayo.
Pero como “A todo señor todo honor”, hay que reconocer que en Cali, el grueso de las manifestaciones se dio en total calma. Contadas excepciones, como bloqueos aislados en algunas vías, la vandalización de una estación del MIO cerca a Univalle y la quema de un bus del transporte masivo, deterioraron la jornada, pero no fueron suficiente, gracias a Dios, para convertirla en violenta.
La principal concentración se dio en la Plazoleta de San Francisco, a donde llegaron los marchantes para escuchar algunas manifestaciones artísticas y el supuesto análisis que se hacía de cada uno de los puntos de la Consulta Popular, todo enmarcado en un lenguaje bastante agresivo, que se refería de manera constante a la “oligarquía rancia”, acompañado de las banderas que se ondeaban del extinto M-19, junto a las banderas de Colombia, porque para ellos un grupo guerrillero y su país, son lo mismo.
Y cuando digo “supuesto análisis”, me refiero a que sus razones para pedir la consulta y votar “Sí” por algunos de sus puntos, carecen de lógica y fundamento. Muestra de ello, son los representantes del programa ‘Jóvenes en paz’, que es un programa creado y dirigido por el Gobierno Nacional, que se encuentra actualmente fuera de operación, porque no se han renovado los contratos de los operadores.
Quienes están a la espera de dicha renovación, estuvieron en la tarima apoyando el punto de la reforma que pide que se acabe la tercerización laboral y se ofrezcan contratos a término indefinido para todos los trabajadores del país, pero no han tenido en cuenta que es el Estado el mayor empleador y el que podría empezar a generar este cambio sin gastarse 700000 millones de pesos en la consulta, por el contrario, emplearlos para ofrecerles un trabajo digno y estable.
Sin embargo, debido a las cargas prestacionales que este tipo de contratación ocasiona, el Estado prefiere tener prestadores de servicio. ¿Se imagina usted, cuánto sería el presupuesto de la Nación, si cada uno de los hoy prestadores de servicio, pasara a ser, de inmediato, un empleado? Y es claro que esa carga económica del Estado, la deben asumir los ciudadanos y las empresas a través de impuestos, porque el Estado no produce, mucho menos desde que está acabando con Ecopetrol.
Otra de las preguntas que no tiene mucho sentido, es la que pide la elaboración de medicamentos por parte del Gobierno Nacional. Ante esto, queda la duda: si no pudieron con el Ministerio de la Igualdad que ellos mismos crearon y requiere de un tecnicismo que, se supone, manejan, ¿cómo pretenden hacerse cargo de la fabricación de las medicinas? Obviamente licitarán con laboratorios y se apoyarán en expertos, pero está demostrado que este Gobierno es pésimo administrador, lo que casi garantiza el fracaso de esta propuesta. Y no olvidemos que, desde el Gobierno Duque, la mayoría de los medicamentos se encuentra con precios controlados, por eso fue que algunos salieron del mercado, porque los laboratorios no se aguantaron la notable reducción de sus ganancias.
Es claro que el país necesita cambios sustanciales, pero también está claro que a través de mecanismos como la consulta popular no los va a lograr. El pueblo se pronunció en las urnas y le entregó el mandato a un gobierno que prometió ser el cambio y que, hasta ahora, lo único que ha logrado cambiar son los cargos de sus alfiles más cercanos, porque propuestas de fondo y cambios de base, no hay.
