Gobierno de Guatemala rechaza orden de captura contra exmiembros de la CICIG Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo

El Gobierno de Guatemala expresó este lunes su rechazo enfático a la orden de captura emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial en contra de los abogados colombianos Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo presidido por Bernardo Arévalo de León señaló que dicha decisión “carece de sustento legal” y no tiene respaldo en el marco jurídico nacional ni internacional. “Estas medidas vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG”, subrayó el pronunciamiento.

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La orden judicial, vinculada a supuestas irregularidades durante la investigación del caso Odebrecht, ha generado amplia controversia. Diversos medios locales detallan que la Sala responsable, encabezada por el magistrado Alejandro Prado, ha sido previamente señalada por decisiones polémicas contra actores claves en la lucha anticorrupción, como el periodista José Rubén Zamora Marroquín —detenido desde hace más de mil días— y el exfiscal Stuardo Campo, ambos considerados presos políticos por organizaciones sociales.

La legalidad del fallo también fue cuestionada por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado, quien recordó que los magistrados de apelaciones no tienen competencia para emitir órdenes de aprehensión, según la legislación guatemalteca.

El Gobierno guatemalteco informó además que ya ha entablado contacto con las autoridades colombianas “para las aclaraciones diplomáticas que correspondan”.

La respuesta de Colombia no se hizo esperar. Su Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la orden como “un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional” y reiteró que esta “carece de sustento jurídico”.

Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano y exministro de Defensa, junto con Luz Adriana Camargo, hoy fiscal general de Colombia, lideraron investigaciones clave desde la CICIG entre 2014 y 2019, periodo en el cual se desmantelaron más de 100 estructuras corruptas dentro del Estado guatemalteco.

En 2024, la ONU reafirmó que los exfuncionarios de la CICIG gozan de inmunidad, conforme al acuerdo que dio origen a la Comisión.