Salud

Corte Constitucional mantiene abierto incidente de desacato contra MinSalud por reajuste de la UPC

La Corte Constitucional, en Sala de Seguimiento, decidió mantener abierto el incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el incumplimiento en el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recurso clave para la financiación del sistema de salud en Colombia.

La determinación se adoptó luego de que el alto tribunal analizara el informe presentado por el Ministerio de Salud, el cual debía ser entregado en un plazo máximo de 48 horas y en el que se esperaban explicaciones claras sobre las acciones adelantadas para cumplir con el reajuste ordenado. Sin embargo, los magistrados concluyeron que la cartera no acreditó haber ejecutado medidas suficientes para ajustar la UPC de manera adecuada.

De acuerdo con la Corte, el ministerio incumplió tres obligaciones centrales establecidas previamente: corregir las deficiencias del sistema de información para que sea confiable en el cálculo de la UPC; garantizar la suficiencia real de este valor conforme a lo ordenado por el tribunal; y equiparar la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del régimen contributivo, mientras no se demuestre la suficiencia del primero.

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Ante este escenario, la Sala, con decisión unánime —aunque con aclaración de voto del magistrado Vladimir Fernández—, resolvió dar inicio a la fase probatoria del incidente de desacato. Este proceso podría derivar en sanciones contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo si se comprueba el incumplimiento de las órdenes judiciales.

Adicionalmente, la Corte negó varias pruebas solicitadas por el Ministerio de Salud. Entre ellas, se rechazó la petición de ordenar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) la exhibición de sus libros contables, una solicitud reiterada por el ministro con el argumento de esclarecer el destino de los recursos del sistema.

No obstante, el tribunal dispuso que la documentación presentada por el Ministerio sea incorporada formalmente al expediente. Asimismo, ordenó la realización de una mesa técnica para discutir los puntos específicos en los que se ha identificado incumplimiento. Este espacio de diálogo técnico será convocado en febrero del próximo año, como parte del seguimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

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