Petro ordena liquidar EPS intervenidas en medio de crisis del sistema de salud

El presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas, en medio de la crisis estructural que atraviesa el sistema de salud colombiano y tras los recientes frenos a la reforma en el Congreso y decisiones judiciales que han limitado las acciones del Gobierno.

El mandatario argumentó que la medida responde a la inviabilidad financiera de estas entidades, cuyas deudas acumuladas superan los 32 billones de pesos. Según explicó, las EPS presentan problemas estructurales de financiación, gestión y acumulación de pasivos que impiden su sostenibilidad. “Hoy todas las EPS están quebradas (…) pasar afiliados de una EPS a otra es casi imposible normativamente”, afirmó.

Las ocho EPS intervenidas —Nueva EPS (10,8 millones de afiliados), Famisanar (2,9 millones), Coosalud (3,2 millones), Asmet Salud (1,8 millones), Emssanar (1,7 millones), Savia Salud (1,6 millones), Servicio Occidental de Salud (750.000) y Capresoca (170.000)— concentran cerca de 23 millones de usuarios, equivalentes al 43% de la población del país.

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Expertos advierten que la liquidación podría generar congestión en hospitales y clínicas, así como dificultades en la continuidad de tratamientos, entrega de medicamentos y atención médica. El Gobierno ha señalado que la crisis no solo responde a la falta de recursos, sino también a problemas de administración y presuntos manejos indebidos de fondos. En ese sentido, Petro aseguró que “no se debe seguir ayudando a los dueños privados de las EPS”.

Uno de los casos más críticos es el de Nueva EPS, cuya deuda creció un 198% entre 2022 y 2025, pasando de 5,42 a 21,37 billones de pesos, mientras su patrimonio cayó a un saldo negativo de 6,25 billones. La situación ha derivado en retrasos en servicios, aumento de quejas superiores al 107% en 2025 y embargos que superan los 2 billones.

El Ejecutivo indicó que no reconoce deudas con las EPS, salvo en el caso de Nueva EPS, donde tiene participación estatal. Por ello, ordenó al Consejo Superior de Política Fiscal evaluar la asignación de recursos para cubrir obligaciones pendientes.

Pese al panorama, el Gobierno sostiene que los indicadores de salud se mantienen estables. Sin embargo, la liquidación abre un nuevo capítulo de incertidumbre sobre la capacidad institucional para garantizar la atención durante la transición.