Denuncias sobre Juliana Guerrero avivan la controversia por presunta red de tráfico de influencias en el gobierno Petro

La publicación de una investigación de la Revista Semana generó un nuevo debate político en Colombia al revelar presuntas evidencias sobre una supuesta red de tráfico de influencias que involucraría a Juliana Guerrero, exfuncionaria cercana al gobierno del presidente Gustavo Petro. El medio sostiene que obtuvo chats, audios, testimonios y registros de transacciones que, según su investigación, apuntarían a un esquema para ofrecer gestiones ante entidades públicas a cambio de pagos. Hasta el momento, estas denuncias no han sido probadas judicialmente.

De acuerdo con la investigación periodística, el supuesto mecanismo habría consistido en intermediar reuniones con funcionarios y facilitar el acceso a contratos estatales mediante el cobro de sumas de dinero y porcentajes sobre los negocios gestionados. Semana aseguró que el material recopilado fue entregado a las autoridades para que haga parte de las investigaciones correspondientes.

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El caso cobró mayor repercusión debido a que Guerrero ya enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos relacionados con la acreditación de títulos académicos para acceder a un cargo en el Gobierno. Ese proceso avanza de manera independiente y aún no existe una sentencia en firme.

Las revelaciones provocaron reacciones de distintos sectores políticos. Dirigentes de la oposición solicitaron a la Fiscalía General de la Nación profundizar las investigaciones y establecer si existió una estructura de tráfico de influencias. Desde sectores cercanos al petrismo, en tanto, se pidió esperar el avance de las autoridades y respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.

El presidente Gustavo Petro, quien en ocasiones anteriores defendió públicamente a Guerrero frente a otros cuestionamientos, no se había pronunciado al cierre de esta edición sobre las nuevas revelaciones de Semana. Entretanto, el caso continúa generando debate político mientras las autoridades determinan si existen méritos para abrir nuevas actuaciones judiciales derivadas de la investigación periodística.