Corte Constitucional tumba la emergencia económica de Petro y frena nuevos impuestos

En una decisión de alto impacto jurídico y político, la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional había instaurado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el país.

Con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, la Sala Plena dejó sin efecto la principal herramienta jurídica del Ejecutivo encabezado por el presidente Gustavo Petro, al considerar que no cumplía con los requisitos constitucionales.

La decisión se sustentó en la ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien argumentó que la intervención del alto tribunal era necesaria para evitar posibles perjuicios al orden institucional. Por su parte, los magistrados Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron parcialmente su voto.

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Además de anular el decreto principal, la Corte adoptó medidas frente a las normas derivadas. En su pronunciamiento, indicó que los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 continuarán sin producir efectos hasta que exista una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.

El fallo tiene consecuencias inmediatas en materia económica. La suspensión de estos decretos implica que las medidas fiscales adoptadas durante la emergencia, incluidos nuevos impuestos, quedan sin sustento legal. Esto representa un freno a las cargas tributarias que el Gobierno había comenzado a implementar bajo las facultades extraordinarias.

La Sala Plena, integrada por ocho magistrados debido al impedimento de Jorge Enrique Ibáñez, reiteró que los estados de excepción deben cumplir estrictamente los principios de necesidad y proporcionalidad, pilares fundamentales del orden constitucional.

Para los ciudadanos, la decisión se traduce en la suspensión inmediata de nuevas obligaciones tributarias derivadas de la emergencia. Mientras tanto, el Gobierno deberá replantear su estrategia económica dentro del marco ordinario de la Constitución.